La DANA tampoco encauza la legislatura

El abrazo que el miércoles se dieron en el Senado el socialista Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, y el exvicepresidente de la Generalitat valenciana, el popular Gerardo Camps, entre aplausos del resto de la Cámara representa poco más que un oasis. La comparecencia que ese mismo día protagonizó en el Congreso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mientras otra DANA revivía el temor en Valencia e inundaba Málaga –esta vez sin víctimas mortales– tuvo, pese a algunos dardos cruzados, un tono productivo. Pero ni ocurrió lo mismo con la sesión de control posterior ni es lo esperable en la cita que tiene ante el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este próximo miércoles.

Ribera, de cuyo departamento dependen la Aemet, la Conferencia Hidrográfica del Júcar y las inversiones en conservación y mantenimiento de las ramblas, se ha convertido en el blanco de los ataques del PP, asfixiado a su vez por la actuación, cuestionada también internamente, del presidente valenciano, Carlos Mazón, en la fatídica jornada que arrasó más de medio centenar de municipios valencianos. Y, aprovechando tensiones ya existentes entre las principales familias europeas, Alberto Núñez Feijóo ha logrado, de la mano del líder del PPE, Manfred Weber, poner en riesgo su designación como número dos de Ursula von der Leyen en la Comisión europea, que cinco meses después de las elecciones sigue pendiente de constitución.

Sánchez no ha levantado el teléfono en todo este tiempo para    intentar resolver el asunto con Feijóo (sí ha hecho gestiones con Von der Leyen y otros colegas europeos). Tampoco lo hizo para proponerle un pacto de Estado por el clima, como el planteado en el pleno por el ministro Torres, ni para informarle desde un primer momento sobre las actuaciones del Gobierno. Y el líder de la oposición no ha parado de reprocharle que no declarara la emergencia nacional, que habría dado al Ejecutivo el mando de la gestión.

El viernes, tras la comparecencia de Mazón en las Cortes valencianas para rendir cuentas, los socialistas dieron una vuelta de tuerca a su estrategia y, tras semanas asegurando que la colaboración con la Generalitat estaba funcionando bien, reclamaron al PP que fuerce al president a marcharse y ofrecieron sus votos «sin contrapartidas» para formar un Gobierno «técnico» que no dependa de Vox, «se coordine con todas las administraciones de forma eficaz» y se centre en la vuelta a la normalidad para después convocar elecciones.

Pero el principal problema del Gobierno no es el PP, sino la falta de cohesión de la precaria mayoría parlamentaria sobre la que se asienta. Este lunes, los socialistas harán un nuevo intento de someter a votación en la comisión de Hacienda de la Cámara baja la reforma fiscal que el propio Pedro Sánchez situó hace dos semanas como el primer escalón de las negociaciones. Pero las expectativas de éxito, después de haber tenido que posponerla tres veces en solo diez días por los vetos cruzados de sus aliados, son muy bajas. Tras haber logrado que el PSOE aceptara renunciar a él, Junts no se apea de su negativa a consolidar el impuesto extraordinario a las energéticas, que dejará de estar vigente el 31 de diciembre. Y en una posición similar está el PNV. Los partidos de la izquierda, mientras, insisten en que para tener su voto, es necesario ese tributo.

Tanto Podemos como Junts ya fueron claros la semana previa al advertir a Sánchez de que no se daban por aludidos con su argumento de que el ingente trabajo de reconstrucción y relanzamiento económico al que obliga la DANA «multiplica hasta unos límites colosales» la responsabilidad de aprobar los Presupuestos. Y ahora hay un enfado bastante generalizado entre los aliados habituales del Ejecutivo por el modo en el que se han conducido las negociaciones, aprovechando una ley que urge aprobar si se quieren evitar sanciones de la UE por su tardía aplicación –la que impone un mínimo del 15% del impuesto de Sociedades a las multinacionales– para calzar la reforma fiscal vía enmiendas.   

El Ejecutivo necesita esa reforma para solicitar antes de fin de año el quinto pago de los fondos europeos, unos 7.000 millones de euros, aunque confía en la flexibilidad de Bruselas. Pero también    necesita sacarla adelante para cuadrar sus Cuentas. Su idea inicial era hacer permanentes los impuestos temporales a las energéticas y a la banca aprobados durante la crisis inflacionaria por Ucrania, que le han venido reportando unos 3.000 millones anuales. Y ha tenido que dejar caer el primero y modificar el segundo con una vida útil de tres años máximo, por exigencia, en este caso, del PNV.

Las alternativas pactadas con    Sumar ya contra el reloj el lunes –un IVA del 21% a los pisos turísticos, un impuesto a bienes de lujo, incremento del gravamen a las 'socimis' y la exención de primas a los seguros sanitarios privados– no bastan al resto de socios. Y las guerras cruzadas, entre Sumar y Podemos y entre Junts y ERC, no ayudan a que nadie dé su brazo a torcer.