Díaz mide fuerzas con Moncloa ante la negativa del PSOE a negociar el tributo al SMI

En Sumar llaman al diálogo para evitar que la sangre llegue al río y defienden que su aspiración de liberar de este gravamen al medio millón de perceptores del SMI que se verían afectados cuenta con el respaldo de la «mayoría social». Consideran, además, que el PSOE y Hacienda se están «enrocando» con una medida que acabará decayendo en el Congreso cuando los de Díaz sumen su apoyo a los populares en el hemiciclo. Una foto incómoda para la coalición a las puertas de la Asamblea que tiene como objetivo dar impulso al partido magenta, en horas bajas electorales, y con Podemos tratando de sacar rédito de una posible rendición de la líder gallega ante los socialistas.

En ese contexto, Díaz volvió a reducir este lunes a dos las posibilidades para solventar la discrepancia: «Dentro del Gobierno, que creo que sería lo sensato, o con las iniciativas que van a instar en el Congreso justamente a declarar exenta esa tributación». Díaz se mostró dispuesta a retirar la proposición presentada por Sumar pero solo en el supuesto, por ahora, de que Hacienda transija. De lo contrario, seguirá adelante con esta batalla.

Pero el debate ideológico se ha envenenado en los últimos días con acusaciones de «populismo» entre ambas formaciones. Si este domingo el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se mostraba «orgulloso» de que el SMI haya subido tanto en las dos últimas legislaturas como para poder tributar y criticó a Sumar por «estigmatizar» los impuestos, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le respondió defendiendo la «necesidad» de que la sociedad «perciba que el sistema tributario es justo». «Se bonifica los impuestos a los rentistas y no se grava a las eléctricas, pero sí a los del SMI», lamentó.

El PSOE también es partidario de «dialogar» para evitar que la «discrepancia» en el Gobierno lleve a un choque en el pleno de la Cámara baja. «Diálogo, diálogo, diálogo», recetó Montero sin ir más allá, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistió este lunes en que esa es la manera en la que dos partidos que forman parte de un mismo Gobierno resuelvan sus diferencias. Pero en Moncloa también argumentan que «dialogar no es negociar» y en la dirección del partido reiteran: «No nos vamos a mover». De momento, uno y otro pretenden que sea el contrario el que dé su brazo a torcer.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió el viernes de que, llegado el caso, el Gobierno recurrirá a la prerrogativa que le ofrece la Constitución para ejercer una suerte de veto sobre las iniciativas parlamentarias que impliquen «aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». Pero los propios socialistas son conscientes de que la última palabra la tendrá la Mesa del Congreso, en la que sin Sumar no tienen mayoría. Según la jurisprudencia del Constitucional, el Ejecutivo no puede vetar proposiciones de manera indiscriminada y sus objeciones deben sustentarse en los presupuestos en curso. El PP y la formación de Díaz podrían alegar que ese requisito no se cumple.

El Gobierno, en todo caso, dispone de 30 días a partir de que la Mesa califique las iniciativas y se las remita para manifestarse, de modo que la pugna aún se puede alargar varias semanas. Semanas en las que distintas voces del PSOE confían en que sea posible un entendimiento que, de momento, no se atisba.