Los informáticos encargados del voto exterior aseguran que el Govern les dijo «que sería legal»

19:02 DEL 12 DE JUNIO DE 2017. «VISTO PARA SENTENCIA. MUCHAS GRACIAS A TODOS. ABANDONEN LA SALA». Con estas diez palabras, el presidente Manuel Marchena acaba de dar por concluido el juicio del procés después de cuatro meses, 52 sesiones y más de 600 horas de vista ora.

Turno para Mundé. Este juicio es un fracaso colectivo de la política. Trasladar los temas políticos a los tribunales hace un flaco favor a la política. Estoy seguro que estamos a tiempo de buscar soluciones. Espero que la sentencia contribuya a ello. Nunca es tarde para las soluciones. Espero que todo el mundo esté a la altura.

Pide «votar y decidir nuestro futuro sin imponer nada a nadie, escuchando a todo el mundo y, a partir de ahí, decidir.»

“No comparto la idea de España no sea como democracia homologable a las de su entorno. Siempre he combatido la leyenda negra. Podemos volver a nuestra buena tradición. Espero que ustedes con su sentencia formen parte de la solución y no del agravio del problema”, clama Vila, antes de la interrupción de diez minuto decretada por Marchena.

Turno para Santi Vila: “Me pregunto cómo hemos podido llegar a este despropósito y cómo podemos enderezarlo. Actuamos siempre de buena fe. Siempre respetando la legalidad. Siempre comprometí mi actuación como político respetando el espíritu y la letra de la Constitución de 1978. En Cataluña he recibido mis palos por defender la Constitución, pero siempre he tenido una convicción íntima de Cataluña es una nación. No fue ingenuo pensar que el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno estuvo a punto de ser posible. Lo intentamos hasta el último minuto. Una ministra me dijo: Santi, no se han dado las condiciones de confianza necesarias. Por ello, yo dimití. En ningún caso dimití por pensar que mis compañeros iban a cometer ninguna ilegalidad. Estaba convencido de que las decisiones no tendrían eficacia. Dimití porque Puigdemont no iba a convocar elecciones”, explica el imputado, que recuerda, una vez más, lo cerca que el expresidente estuvo de llamar a las urnas y que todo hubiera sido diferente. “En aquellos momentos nadie podía pensar que esto iba a acabar en este despropósito”, reitera.

«Mi prioridad no es salir de la prisión. Mi prioridad es seguir luchando por solucionar el conflicto político. Este país no va a caer en la frustración. Y no vamos a dejar de luchar por el derecho a la autodeterminación. ¿Alguien se cree que con esta sentencia van a dejar luchar por la autodeterminación? Lo volveremos a hacer”, termina Cuixart.»

Cuixart: “No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice es lo que debía hacer. Yo acepto las consecuencias de mis actos. Nunca he eludido la justicia. Actúo en base a mi conciencia. En mi condición de preso político tengo un altavoz inmejorable. La cárcel es un altavoz que nos permite denunciar la vulneración de derechos fundamentales. Esto es un juicio a la democracia. Solo estamos ejerciendo derechos fundamentales. Del resultado de este juicio depende la calidad de la democracia del Estado español”, dice el imputado, que vuelve a llamar a la “movilización permanente” de los catalanes. “No vamos a dejar de protestar porque es el motor de avance. El procés fue una desobediencia civil en toda regla. Esto no puede merecer reproche penal. Es un acto de coherencia. Cuando se ejerce la desobediencia civil se fortalecen los derechos fundamentales. El problema en esta sociedad es la obediencia civil”, dice el líder de Òmnium, que habla de la marea de plástico o del rescate a la banca. Cuixart se queja de que sea la extrema derecha sea la que les acuse de la mano del “Gobierno de Pedro Sánchez”. “Hay miedo a conocernos más y mejor. Tenemos que ir a la raíz del conflicto, que es político. Esto es un juicio político porque se habla del derecho a la autodeterminación. Pero nadie va a lograr que nos enfrenten entre pueblo, entre los diferentes pueblos de España. Consideramos a los pueblos de España como pueblos hermanos. Todos juntos hemos construido lo que es la sociedad catalana”. Cuixart habla de la “enorme decepción” del discurso del rey, “avalando la brutalidad policial”.

Interviene Bassa: “Aquí no se ha hablado de la vulneración de los derechos de los ciudadanos. No sé si estamos en un juicio político, pero sí estamos en un juicio con trasfondo político. Mantengo mis ideas y convicciones a pesar de que no tengo ya ninguna representación política. Niego los hechos que me han sido imputados. Soy inocente. Durante los 22 meses que fui consejera de Trabajo ejercí honestamente. No podíamos desoír la demanda de la población del 80% de la población que quería votar. Siempre he rechazado la violencia. No podrán encontrar una declaración mía. Las generaciones que vienen dependerán de su sentencia. Su sentencia será la libertad de muchas generaciones”.

Forcadell: “Hoy tras 447 días de prisión injusta y después de cuatro meses de juicio resulta totalmente incompresible que yo esté aquí. No existe ninguna declaración o hecho que difiera de la actuación de mis compañeros. No hay ningún motivo para que yo esté separada del resto de la mesa. Todas las tramitaciones que hice fueron conjuntamente con la mesa. Estoy siendo trayectoria política. Por ser quién soy. No por mis actos. No por mis hechos. Se me han otorgado funciones que no tenía porque el Parlamento no lo permite. Las iniciativas parlamentarias nunca son de la mesa”.

“Es injusto para este tribunal que tengan que resolver un problema político. Pero ustedes tienen la responsabilidad de no agravar el problema. No me gustaría estar en su piel. Ojalá que su sentencia ayude a resolver lo que la clase política no ha sabido resolver. El 1-O no fue una jornada de violencia. Fue una gran jornada de desacuerdo político, de protesta y disidencia. Fue un acto de afirmación de dignidad”. «De su sentencia se va a derivar la lectura del límite de derechos fundamentales, de reunión, de expresión, de disidencia», le dice al tribunal.

Turno para Sànchez:” Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Hemos oído hablar de violencia y banalizarla. Si algún derecho nos asiste a los acusados es defender unos principios que hemos tenido como propios desde que iniciamos nuestra actividad política. «La no violencia no es indiferencia, no es pasividad, no es quedarse escondido ante el temor y la amenaza de un Estado represivo. La no violencia es asumir las consecuencias» ​ Sánchez, con voz entrecortada al recordar a su familia, habla del “dolor socializado” por estar en prisión. Me considero víctima de una injusticia ”.

«Con sus decisiones ustedes me han prohibido ver crecer a mis hijos pero no van a impedir que les de el testimonio de nuestra lucha para conseguir que el día de mañana puedan vivir en un pais mejor, una república catalana donde sea imposible que encarcelen a alguien por defender a su ideales. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo», apunta el exconsejero.

Interviene Rull: Expresa “su inmensa gratitud al pueblo de Cataluña”. “Hay un escenario de negación de la política y del diálogo. Se está negando el Estado de Derecho. Me piden 16 años de cárcel por haber firmado una hoja de ruta, por haberme reunido en diversas ocasiones el proceso de independencia y avalar la decisión de no permitir el atraque en el puerto de Palamós”, se queja el imputado. “Intuyo que estoy procesado por rebelión porque no he renunciado a mi actividad política”. “

Turno de Jordi Turull: «Expreso mi absoluta discrepancia con las acusaciones. Las acusaciones confunden la crítica y la discrepancia con el ataque. Todo les vale a las acusaciones. No para saber lo que sucedió, sino para hacer un escarmiento a los independentistas a costa de lo que sea.  El principio de legalidad ha pasado a mejor vida. Las acusaciones se han regido por el principio de escarmiento a costa de lo que sea. En este juicio también está en juego la amplitud de que damos a los derechos fundamentales para nosotros y nuestros hijos. Es inaudito que la suma de actos lícitos y legales se pretenda construir uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal. En esta sala se pretende dilucidar un problema político con soluciones penales. Siempre hemos apostado por el diálogo y el Estado siempre nos ofreció el silencio, el menosprecio y la amenaza. El Gobierno central respondió a la oferta de una mesa de diálogo sentándonos en el banquillo. Lo que estamos aquí sentados somos meros instrumentos del clamor que se vive en Cataluña y no al contrario. Los catalanes no son ovejas. Cualquier acto violento o incívico merece reproche. El 1-O fue vivido con ilusión y emoción. Fue una jornada de afirmación, no en contra de. Con una papeleta como único instrumentos. No había masa, ni turba. Había personas. Eso fue el 1-O. No hubo murallas humanas, sino montañas de dignidad. El relato de la Fiscalía es delirante de lo que ocurrió el 1-O. A pesar de la prisión no hay espacio para el rencor por injusta que sea la prisión», dice el exconsejero antes de que se le rompa la voz, agradeciendo las muestras de apoyo. «Estoy aquí por mis ideas y porque no renuncié a mi actividad política».

Continúa Forn: “Sigo convencido de que no he cometido ningún delito. Es cierto que me mantengo fiel a mis ideales, pero no creo que sea delito. Sigo creyendo y luchando por la democracia y la autodeterminación de Cataluña. Después de 19 meses en prisión mis principios políticos se mantienen firmes”, concluye.

“Hago política desde los 17 años con el compromiso para mejorar el país y la sociedad en la que vivo. Niego rotundamente que mi actuación tuviera como objetivo liquidar la Constitución. Si estamos ante este tribunal es por el fracaso de la política. Desde el Govern siempre pensamos que había otra forma de interpretar la ley para buscar una salida pactada a nuestras reivindicaciones. Desgraciadamente nuestras demandas nunca encontraron respuestas por parte del Estado. En ningún momento escondimos nuestra voluntad de celebrar el referéndum. El 1-O fue una manifestación de dignidad. No se votaba contra nadie. Fue a favor de las libertades y el derecho de decidir. Votaron con plena conciencia y no abducidos por la Generalitat. Los gobernantes no deberían reaccionar judicializando un conflicto político. Nunca se fomentó ningún acto de violencia. No se trata de una opción estratégica, sino de una convicción arraigada en la sociedad catalana. Los Mossos nunca recibieron instrucción alguna para dejar de cumplir con sus obligaciones como policía judicial. Nunca interferí”, explica Forn, que acusa a las Fiscalía de “perseguir ideas políticas”.

“Lo fundamental sigue siendo que hacer un referéndum, Código Penal en mano, no es un delito”, remarca el imputado. “Siempre he defendido que el derecho a la autodeterminación debe hacerse sin violencia. Con la represión no van a convencer a los que ya se sienten expulsados de este Estado o los que apuestan por una República Catalana. Solo las relaciones que se basan en el respeto mutuo son duraderas. Nunca una relación basada en la represión y en el uso de la fuerza ha llegado a un sitio bueno. Nosotros somos políticos y políticas haciendo política. Le han traspasado a ustedes, señores jueces, la responsabilidad. En este banquillo estamos sentados más de dos millones de personas. Dos millones de personas que se sienten concernidas por su decisión. Pase lo que pase seguiremos con la mano tendida. Con el verbo sereno, incluso a aquellos que nos insultan. Seguiremos mirando a los ojos de nuestros hijos con dignidad, con la misma que millones de personas se baten en todo el mundo para defender los derechos fundamentales. Nos encontramos ante una oportunidad. Una magnífica oportunidad para convertir en una respuesta que nos permita seguir avanzando desde el respeto de cada uno”, concluye Junqueras.

“Apelo a que se construya una realidad sin presos políticos. Hoy somos nosotros, pero mañana puede serlo cualquiera. Pide una sentencia «sin atender a exageraciones y tergiversaciones de las acusaciones. Por parte de las acusaciones se ha buscado escarmentar, castigar una ideología» ​

Romeva también hace uso de la última palabra: «Se ha instrumentalizado el concepto de Odio. Un odio irracional contra España. Las acusaciones no han podido aportar una sola prueba de ese odio. Es una falacia. Si empatizaran con los dos millones de votantes, si leyeran las cartas que nos mandan y leemos en la soledad de nuestras celdas, comprobarian que no les mueve el odio. El odio nunca ha construido nada. Aquello que mueve a millones de personas hoy es la frustración que se generó en 2010 por la sentencia del estatuto o la insatisfacción por ver que el Estado no responde con respuestas políticas». Denuncia el «aporellismo» de la respuesta del Estado.

Interviene Junqueras: «“Si algo debo agradecer al tribunal es haberme dado voz, después de tanto tiempo haber estado privado de ella”. “Soy padre de familia y profesor. Mi vocación por la política es por ser útil y tener un mundo mejor. Mis convicciones son las que tengo y mantengo. Las comparto con los que creen que votar no puede ser delito. Todos mis libros artículos, discursos y acciones muestran el respeto a la dignidad humana. Cualquier político comete errores, pero siempre he evitado esa mala política que niega el diálogo y el acuerdo. Lo mejor para todos sería devolver la cuestión a la buena política, al terreno del dialogo, de la negociación y del acuerdo»

COMIENZA EL TURNO DE ÚLTIMA PALABRA. QUINCE MINUTOS POR CADA PROCESADO.

Además de Torra, que ha sido recibido por la jefa de Gabinete del Supremo, se encuentran en la sala el vicepresidente, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la portavoz del Govern, Meritxell Budó, estarán este miércoles en Madrid para asistir a la última jornada del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.
Además, también se ha desplazado a la capital una delegación de ERC compuesta por la portavoz del partido, Marta Vilalta, el diputado en el Congreso, Gabriel Rufián, la eurodiputada Diana Riba y el responsable de Organización del partido, Isaac Peraire, entre otros.
Por parte de JxCat irán el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, y la diputada de la formación en el Congreso y exconsellera de Cultura Laura Borràs.

Una vez finalizada la vista, Torra comparecerá ante los medios desde la delegación de la Generalitat en Madrid.

El presidente de la Generalitat Quim Torra ha llegado al Supremo poco antes de que comenzara la sesión de tarde a las 16 horas. Se encuentra sentado en la primera fila del público, listo para escuchar las palabras finales de los doce proseados, que comenzarán poco antes de las cinco de la tarde.

«No existe ni un documento, ni un correo, ni un tuit» que implique a Vila en las reuniones en las que supuestamente se organizó el referéndum. Es más, ni siquiera fue invitado a esos encuentros, dice el abogado del exconsejero.

«Fue un acuerdo político para escenificar un consenso que no exitía», afirma Segarra, que asegura que Vila estaba seguro que el referéndum se iba a sufragar con fondos privados.

Recuerda que solo hay dos indicios: la firma del acuerdo del referéndum y la del acuerdo de Gobierno que supuestamente liberó los gastos. Dice, sobre este acuerdo de 6 de septiembre, que era solo «político».

Toma la palabra Juan Segarra, defensor de Santi Vila, exconsejero de Empresa. Rebate que todos los acusados tengan la misma implicación en los hechos. Argumenta que a finales de 2015 rehusó a  integrarse en la coalición de Juntx por «ser contraria a su planteamiento moderado» y en contra de la vía unilateral. Segarra, desde el principio, marca distancias con el resto. Recuerda que Vila repudió «públicamente» la «vía unilateral». Recuerda que «dimitió frustrado» cuando no logró frenar la ruptura con el Estado.

«Bassa no llevo a cabo conducta alguna para poner en jaque al sistema tal y como reclama el delito de rebelión», zanja Vergés, que pide la absolución de su defendida. Marchena interrumpe la sesión hasta las 16 horas. Para las 17 horas empezará el turno de última palabra.

“Lo que la Guardia Civil ha llamado barricadas fueron mesas escolares mal puestas”, dice el abogado sobre la resistencia en los colegios del 1-O. “Los votantes solo quería retrasar con su resistencia pasiva la actuación policial”, señala el letrado. “Esa resistencia pasiva no puede tener una respuesta de diez a quince años de prisión”, dice Vergés, quien recuerda que esas “conductas” tienen que tener, como mucho, una sanción de multa.

“El 23-F y la operación Galaxia era una rebelión, lo demás son exageraciones. Convocar a un referéndum de manera ordenada y pacífica no puede interpretarse como lanzar a la población contra las fuerzas del orden. La gente fue a los colegios a votar no ha perpetrar una rebelión. No hay alzamiento en la aprobación de normas, aunque sean inconstitucionales”, apunta el listado. “La votación de 1-O no alteró las instituciones básicas del Estado”, zanja el abogado.

“La conducta de los acusados no era capaz de doblegar la voluntad del Estado”, dice Vergés.“No hubo rebelión porque no hubo violencia, el argumento de la Fiscalía es artificioso”, insiste. “La violencia debe formar parte del diseño de la rebelión, no puede ser sobrevenida, lo que ocurrió el 1-O fueron episodios sobrevenidos no planificados«, señala el letrado, quien recuerda la “declaración del estado de sitio” es “un baremo fundamental para caracterizar un alzamiento rebelde» y no se activó en ningún momento. «Bastó con el 155, un mecanismo de control estatal» para acabar con el procés, señala el defensor.

Se retoma el juicio. Interviene el letrado Mariano Vergés, defensor de Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo.

«La acusación popular ha ejercitado de manera abusiva y arbitraria la acción penal» destaca Gené, que concluye su alegato reclamando la absolución de su defendida. Marchena ordena un receso hasta las 12:40 horas.

La letrada destaca que Borràs se le intervinieron 10.000 correos electrónicos y ninguno de ellos tenía ninguna relación con el referéndum. Tampoco hay «compromisos de gasto» para la consulta

Interviene Judit Gené, defensora de Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación. Dispone solo de 45 minutos. Cedió 15 minutos a la defensa de Forn. «Una rebelión posmoderna ha sustentado también una malversación posmoderna», se queja Gené.

«Forcadell es una personas absolutamente pacífica. Ya ha dicho que antes abandonaría sus ideas que permitir un acto violento». dice la letrada. «Se la juzga por quién es. No se le acusa por malversación pero se le pide más pena». «Lleva 446 días en prisión», recuerda la letrada antes de pedir su libre absolución y su «inmediata liberación».

“La señora Forcadell no participó en la toma de decisiones del Gobierno porque no pertenecía al Gobierno, aunque en los atestados aparece ahí. «No se han acreditado reuniones ni whatsapps ni emails, ¿cómo se concertó? ¿por telepatía?», se pregunta en tono irónico la letrada, que insiste en las “mentiras” que sitúan a Forcadell en lugares donde no estuvo en los días previos al referéndum.

“Aquí se trata de exagerar o magnificar en todo momento la conducta de la señora Forcadell ​

«La iniciativa parlamentaria es de los grupos parlamentarios, no de la presidenta ni de la mesa», apunta la abogada, que insiste en que Forcadell no hizo uso jamás de su voto calidad y que, además, era la más 'novata' de la mesa de la cámara autonómica.

«Forcadell no asistía a las reuniones (del 'procés') y no participa en la toma de decisiones», según las anotaciones de la agenda de Moleskine, que las acusaciones tienen como prueba base. Insiste la letrada en que su cliente, como presidenta del Parlament, recibió a las minorías unionistas. Denuncia, no obstante, la «criminalización» de la Mesa de la cámara autonómica.

Dice que las acusaciones han «exagerado» la actuación de Forcadell. Afirma que se han «inventado» intervenciones, apariciones y tuits suyos. Afirma que es «impropio» de la Fiscalía o la Abogacía haber tergiversado así la realidad.

Intervine ya Olga Arderiu, defensora de Forcadell.

Dice que en otoño de 2017 solo hubo desobediencia civil y defensa de los derechos fundamentales en Cataluña. «Ley, democracia y constitución con el respeto de los derechos fundamentales», concluye la abogada, pidiendo también la absolución de Cuixart y su puesta en libertad.

Roig «pone en duda» las lesiones de las fuerzas de seguridad. «El 1-O no hubo la violencia suficiente para doblegar el Estado», apunta la letrada, que recuerda que lo que sí hay es más de un centenar de funcionarios investigados por el «uso desproporcionado» de la fuerza el día del referéndum. Se queja de que la Fiscalía atribuya las lesiones de los ciudadanos a los acusados. Dice que los funcionarios hicieron un «uso ilegítimo» de la fuerza.

Roig califica el 1-O como el «acto de desobediencia civil más importante de Europa». «No hubo un solo colegio en el que los manifestantes acometieran los agentes. Los esperaron sentados», afirma la letrada, que dice que, por el contrario, sí que hubo antidisturbios golpeando a ciudadanos que no se mostraron violentos con los funcionarios. «La supuesta violencia generalizada de la población no fue tal», afirma tajante la letrada. Hubo «resistencia pacífica» en 35 colegios con el objetivo de protestar, no «impedir la acción policial».

Sostiene a la abogada que todos las protestas del llamado «periodo insurreccional» previo al 1-O están «amparadas en el derecho de reunión». Se refiere a las caceroladas, escraches o cortes de carreteras. «En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado entre España y Cataluña. Criminalizar la movilización ciudadana es un gran error», dice Roig.

Recuerda las llamadas de Cuixart para que la concentración de 20-S fuera «absolutamente pacífica». Roig dice que en esos días anteriores al 1-O pudo haber incidentes “aislados” pero que “no pueden integrar ni de lejos el elemento de la violencia idónea que requiere el delito de rebelión. Tampoco fue un intento de impedir actuaciones judiciales que es lo que requiere el delito de sedición«, apunta la abogada, que dice que las defensas solo han podido probar que el 20-S solo se lanzó una botella de agua, al margen de la destrucción de los vehículos de la Guardia Civil.»

«Es tan legítima la protesta contra una actuación del poder legislativo o ejecutivo que contra una resolución del poder judicial», señala la letrada, defendiendo que las movilizaciones contra los registros judiciales fueron lícitas.