Doñana agita las aguas de la campaña y pasa de asunto local a problema con la UE

En medio de un clima extremo, con España haciendo frente a uno de los peores episodios de calor en un mes de abril en 60 años y una sequía que amenaza cultivos y ganaderías, el agua cobra una relevancia capital. No es nuevo. El reparto de ese recurso vital ya había generado amplios debates en anteriores campañas y un enfrentamiento entre territorios algo incómodo para los grandes partidos, que tienen en sus filas presidentes autonómicos con posiciones contrarias. Incluso ahora, en la precampaña para el 28-M, ha sido un asunto a tener en cuenta.

El socialista Ximo Puig, desde la Comunidad Valenciana, y los populares Fernando López Miras, desde Murcia y Moreno desde Andalucía, llevan meses dando la batalla política y judicial contra un real decreto que Emiliano García-Page, también del PSOE, aplaude desde Castilla-La Mancha y que revisa el Plan Hidrológico del Tajo para, entre otras cosas, reducir los caudales del trasvase al Segura. Pero Doñana ha adquirido otra categoría.

El PSOE ha sabido leer que, más allá de una cuestión que afectaba a una región concreta o a un sector específico de la economía, tenía ante sí un asunto al que la ciudadanía se muestra cada vez más sensible. El CIS lo detectó claramente el pasado verano, cuando España batió el récord de días en olas de calor y se registraron más de 60 grandes incendios. La preocupación por el medio ambiente se disparó entonces desde el vigesimosegundo puesto al quinto en solo dos meses y de ser mencionado por el 2,7% de los encuestados al 14,6%.

Los populares acusan a los socialistas de mentir sobre el contenido de la norma que, junto con Vox, han empezado a tramitar en el Parlamento andaluz para revertir la ordenación del territorio que hizo en 2014 la Junta gobernada por el PSOE y permitir que cientos de agricultores que vieron sus fincas convertidas en suelo forestal puedan recalificar sus terrenos, lo que les permitiría obtener derechos de aguas exclusivamente superficiales.

El texto precisa que no se autorizará ninguna extracción del acuífero de Doñana, ya sobreexplotado –se emplea para riegos agrícolas, para Matalascañas y para un campo de golf– y mermado tanto por los pozos ilegales como por la sequía. Pero la comunidad científica, las organizaciones ecologistas y, lo que es más comprometedor para el PP, la Comisión Europea han advertido de que la entrada en vigor de la norma podría generar más presión sobre el espacio natural, la mayor reserva ecológica de Europa.

Los socialistas, que admiten abiertamente su intención de utilizar electoralmente un asunto que, a su juicio, sitúa al PP en un «marco perdedor», han diseñado una doble línea argumental. El mensaje para los agricultores de la zona, dedicados al cultivo de los frutos rojos, es el de que están siendo engañados porque nunca habrá agua para ellos. A la que, según la ley, podrían acceder debe ser suministrada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a través del trasvase desde la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras, pero la Junta no tiene competencias para autorizar su uso y la normativa que regula el trasvase no prevé nuevas concesiones.

En su campaña nacional, Pedro Sánchez eleva el tiro. El pasado martes, en su debate con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, agitó el fantasma del negacionismo del cambio climático. En Génova sostienen que los ataques del Ejecutivo en esta materia no les hacen daño, pero no todos en el partido se sienten cómodos con un debate que pone el foco en un ámbito con el que no contaban y distrae del discurso en el que pretendían centrarse. El hecho, además, de que la defensa de Moreno haya acabado en un cuestionamiento de la imparcialidad de Bruselas respondido por la presidenta Ursula Von der Leyen plantea además una derivada nueva, más vinculada con la institucionalidad.