Escarbar en la memoria

La fecha elegida para permitir la entrada de los peritos no fue casual. Ayer era lunes, día en que el monumento emplazado en Cuelgamuros, cerca del municipio madrileño de El Escorial, permanece cerrado. Pese a ello, los descendientes congregados ante la barrera de entrada al templo reclamaron acercarse a las sepulturas. No vieron satisfecho su deseo. Patrimonio Nacional, del que depende el conjunto monumental, lo impidió alegando que los técnicos necesitaban trabajar con libertad. «Por supuesto que no era nuestra intención entorpecer su labor. Después de tantos años de pelea judicial, queríamos simplemente estar ahí», dijo Miguel Ángel Capape, marido de Purificación Lapeña, nieta de uno de los hermanos de la CNT ejecutados.

A las nueve y media de la mañana, un grupo de especialistas del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), iniciaron los primeros trabajos en la capilla del sepulcro de la basílica. Por ahora, las labores son de orden arquitectónico. La Guardia Civil estaba presente para impedir altercados. Los nostálgicos del franquismo ya casi no se acercan al lugar, pero el instituto armado prefirió prevenir incidentes. No en balde, frente al ábside de la basílica están enterrados Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Los expertos evaluarán el estado de una de las capillas para determinar si podrá soportar los desplazamientos que exigen las obras para recuperar los cuerpos. Por esta razón, una de las primeras operaciones que se llevará a cabo consiste en la introducción de una microcámara, como se hizo para intentar rescatar los huesos de Miguel de Cervantes. «Se trata de una exploración técnica para observar cómo están los suelos y qué puede ocurrir si se mueven piezas pesadas», explicó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Para él, este lunes fue un día lleno de significado. Entre otras cosas, porque abre la vía para que otros descendientes afronten los trámites para recuperar los restos de sus difuntos. De momento, ya hay «más de una veintena» dispuestos, agregó Silva.

En su opinión, «ha habido una suerte de connivencia entre Patrimonio y la abadía para retrasarlo todo». El Valle de los Caídos está sujeto a un régimen singular, por cuanto la basílica, ordenada construir por Franco, pertenece a Patrimonio Nacional, pero de su gestión se encarga la comunidad benedictina. El prior de la abadía, Santiago Cantera, se había negado hasta hace un mes a cumplir una sentencia firme que le obligaba a permitir el acceso a los peritos para estudiar si era posible la exhumación. Cantera además rechazó comparecer en una comisión del Senado y alegó que, si los parlamentarios querían verle, estaría encantado de atenderles, pero en el Valle de los Caídos. Estaba en su derecho, pero el desplante irritó a las fuerzas políticas de izquierda. La presión de la jerarquía eclesiástica, con el cardenal Ricardo Blázquez a la cabeza, le hizo rectificar.

Patrimonio no las tiene todas consigo y alberga dudas de que sea posible identificar los cuerpos de Gil Calonge, los hermanos Lapeña y González Moreno. El Valle de los Caídos se compone de siete capillas que albergan columbarios cuya disposición está estratificada en cinco niveles. Con el paso del tiempo, el hormigón que los separa ha cedido, algunas cajas mortuorias han caído unas sobre otras y los huesos de los muertos se han entremezclado. Para colmo de males, el osario sufre filtraciones de agua.

«Lo que ocurre ahora es incomprensible. A finales de los años cincuenta y primeros de los sesenta, miles de cadáveres fueron secuestrados y enviados al Valle de los Caídos. ¿Cómo es posible que en una democracia el Estado obligue a las víctimas del franquismo a costear el mantenimiento de la tumba de un dictador», denuncia Emilio Silva.

Por ahora, el monumento dista de ser un lugar de reconciliación. El prior desea poner una lista de todos los enterrados allí, pero solo la mención de este propósito generó una avalancha de críticas acerbas en las redes sociales por parte de simpatizantes de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, algunos de cuyos miembros se sintieron traicionados por el monje. Así que, en la actualidad, una de las pocas inscripciones que se pueden ver exalta la memoria de «los Caídos por Dios y por España».

Después de seis años de pleitear en los tribunales, la nieta de Manuel Lapeña consiguió hace dos años una victoria. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizaba la exhumación. «Por fin se abre un camino, una posibilidad. Lo importante es que muchas otras personas podrán hacer lo mismo», destacaba Purificación Lapeña. La única forma de determinar su filiación es a través de una prueba de ADN. Si los técnicos dictaminan que el lugar es seguro, Patrimonio pedirá un informe a un consejo médico forense.

Rosa Gil, nieta de Pablo Gil Calonge, se congratulaba este lunes de que familiares de caídos en ambos bandos dejaran atrás el rencor. «No venimos con revanchismo, sólo a recoger a nuestros familiares y llevarlos a casa», decía. En el Valle, que reúne la doble condición de mausoleo y mayor cementerio de la Guerra Civil, están enterrados cerca de 34.000 cadáveres. En 1959, el dictador decretó el traslado a los nichos del templo de miles de republicanos muertos durante la represión franquista. Se calcula que unos 20.000 leales a la II República que fueron fusilados yacen allí. Entre ellos se encuentran los dos anarquistas ahora reclamados. Manuel Lapeña fundó la CNT de Calatayud y fue ejecutado en el barranco de La Bartolina en 1936. Nunca se celebró juicio contra él y fue enterrado en una fosa común. Su hermano Antonio Ramiro intentó ocultarse al estallar la guerra, pero acabó entregándose a las autoridades y poco después fue fusilado.

De las dos víctimas del bando nacional se sabe menos. Pedro Gil Calonge vio la luz en Castejón del Campo (Soria). Era un agricultor que fue reclutado en Soria para luchar al lado de los sublevados. El 1 de junio de 1937, murió por una herida de bala. Parecida suerte corrió Juan González Moreno, natural de Arriate (Málaga). También era un labriego que luchó en las tropas de Franco hasta que una herida en la cabeza le provocó la muerte. Pereció en un hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).