El Estado rechaza posicionarse sobre el indulto a los presos del 'procés'

En suma, la responsable del departamento de Penal, Rosa María Seoane, solo ha apreciado en su escrito de 12 páginas las consecuencias del delito de malversación de caudales públicos, y tan solo para cuatro de los 12 condenados: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

La razón esgrimida por la Abogacía es que se personó inicialmente en el 'procés' por el perjuicio económico ocasionado a las arcas públicas. Es decir, como representante legal del Ministerio de Hacienda, pese a que también incluyó la sedición en su escrito de acusación a diferencia de la Fiscalía del Supremo, que defendió sin éxito la rebelión. En su informe, sin embargo, el Ministerio Público sí rechazó la petición del indulto tras examinar el delito contra el orden público. Para ello, alegó que los condenados no habían mostrado perdón ni arrepentimiento y que, por el contrario, mantienen intacta su intención de reincidir por sus pronunciamientos públicos.

En cambio, la Abogacía se ha puesto de perfil y solo analiza de forma parcial la malversación. El resultado, como era de esperar, es que confirma que los cuatro presos referidos han hecho frente a la responsabilidad pecuniaria derivada de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En total, 4,146.247 euros, divididos en 3.903.294 euros de daños ocasionados a fondos públicos y 242.980 euros de intereses, según certifica el acta de liquidación del pasado 28 de enero de 2020. Un mes después, una providencia ratificó la entrega de la fianza.

En consecuencia, sostiene el informe, tanto el Tribunal de Cuentas como la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda «confirman que ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a las arcas públicas. Y todo ello sin perjuicio del posterior desarrollo del proceso de reintegro por alcance que, con carácter jurisdiccional, vaya a celebrarse ante la Sección de Enjuiciamiento» del órgano fiscalizador.

Este escrito estaba pendiente de ser entregado desde el pasado 26 de enero, cuando le fue reclamado por la Sala Segunda (Penal) del Supremo. El alto tribunal, tras recabar la información penitenciaria respecto de los 12 condenados, nueve de ellos en prisión, contaba ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de las partes, la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de la medida de gracia solicitada. Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.