El fiscal general rechaza actuar contra la portavoz de Junts porque goza de inviolabilidad

La diputada independentista señaló la semana pasada desde la tribuna de la Cámara baja a varios jueces del alto tribunal vinculados a la causa del 'procés' por su presunta implicación en la guerra sucia ('lawfare') en Cataluña: «Personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas», aseguró durante la celebración del primer pleno sobre la tramitación de la ley de amnistía.

Pues bien, los 21 integrantes de la máxima categoría de la Fiscalía emplazaron a García Ortiz a que adoptara «sin más dilación» las «medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales» de los «ataques» propinados por la portavoz de Junts.

«Los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidos» por Nogueras contra Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela y Carlos Lesmes, que «no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados, sino que son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional», expresaron.

El asunto llegó al Consejo Fiscal celebrado este jueves y, aunque no estaba en el orden del día, el fiscal general respondió a los vocales de este órgano asesor que, en primer lugar, los jueces ya cuentan con un mecanismo de amparo en su propio gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, y que en el caso particular de Nogueras «los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 71.1 de la Constitución».

Del mismo modo, el Consejo Fiscal acordó por unanimidad amparar a los cuatro fiscales del 'procés' frente a las acusaciones por supuesto 'lawfare', si bien varios vocales se han desmarcado de la declaración institucional al verla insuficiente. Además, el fiscal general ha frenado un pronunciamiento oficial sobre la ley de amnistía, al considerar que excede las competencias del órgano consultivo y supondría interferir en el Poder Legislativo.

Según las fuentes consultadas,, todos los miembros del órgano consultivo -tanto conservadores como progresistas- han estado de acuerdo en conceder el amparo conforme al artículo 118 del reglamento interno, según el cual todo fiscal tiene derecho cuando se considere inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones.

Tras ello, García Ortiz ha hecho una declaración institucional que ha ofrecido firmar a los doce vocales, pero los seis de la Asociación de Fiscales se han desmarcado de la misma por considerarla insuficiente, sobre todo a la luz de los pronunciamientos realizados por el CGPJ respecto a los jueces y magistrados.

En dicha declaración, el jefe de la Fiscalía ha manifestado de «manera inequívoca, como corresponde a la más alta representación de esta institución, su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña».

Por otra parte, aunque no figuraba en el orden del día, algunos vocales han planteado en ruegos y preguntas el posible pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la proposición de la ley de la amnistía, pero García Ortiz se ha negado argumentando que «excedería las competencias» legales del órgano.

Además, ha manifestado que «supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma».