La Fiscalía Europea reclama la competencia para investigar la totalidad del 'caso Koldo'

El Ministerio Público de Bruselas pide a la justicia española quedarse para sí con la investigación completa sobre la trama que dirigía Koldo García, asesor de Ábalos, al entender que todas las irregulares encontradas en Canarias, Baleares y en diversos ministerios son parten en realidad de una sola red que lideraba García y que, por tanto corresponde a Bruselas acusar en este caso. Todo ello porque, al menos indiciariamente, varios millones que acabaron en los bolsillos de este exportero de prostíbulo y de su entorno más cercano provenían de los fondos europeos.

Según la información remitida por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado marzo a requerimiento de Bruselas, el fraude afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, incluidos 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad.

Como primer paso antes de hacerse con la instrucción, la Fiscalía envió este jueves un escrito al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que se encarga de esta investigación, reclamando los expedientes que hay en el sumario.

Los fiscales europeos habían solicitado en su día un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ante las sospechas de que las diferentes estafas de fondos europeos desde el ministerio que dirigía Ábalos en realidad tenían un origen común. Según fuentes judiciales, ese atestado ha llegado en los últimos días y es el que ha motivado que definitivamente la Fiscalía Europea pida al tribunal de la calle Génova que se inhiba a favor suyo.

«Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», indicó en un sucinto comunicado la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés).

Fuentes jurídicas consultadas explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del 'caso Koldo', se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo.

Hace casi dos años que la Fiscalía Europea está detrás de la pista de la malversación del dinero de la UE durante la pandemia en el entorno del Ministerio de Transporte. En junio de 2022 ya recibió la primera denuncia sobre lo que luego se acabaría denominando la ‘trama Koldo’. A partir de ahí, comenzó a recabar información para saber si había fondos comunitarios afectados. Esta oficina con sede en Luxemburgo en abril del pasado año ya reclamó a Anticorrupción datos sobre la financiación de los contratos bajo sospecha.

Tras confirmarse poco después que había dinero europeo en los chanchullos de Baleares y Canarias, la judicialización del caso a manos de la Audiencia Nacional y la declaración de secreta de esta causa ralentizó la entrega de documentación a los fiscales de Luxemburgo, hasta ahora que con el informe de la UCO han tenido las pruebas de conexiones de las irregularidades en una trama única, tal y como sospecharon desde un inicio.