La Fiscalía recurre la absolución de Álvarez-Cascos y pide repetir el juicio oral

El Ministerio Fiscal, que pedía para Cascos una pena de tres años y medio de cárcel, considera que el fallo incurre en una «infracción de normas o garantías procesales, en infracción de ley en la concepción del delito de apropiación indebida y en un error en la valoración de la prueba«. Por todo ello, solicita que se anule la sentencia de primera instancia, y con ella el juicio oral, lo que conllevaría a una repetición del mismo con una nueva composición del tribunal, por ser imposible, de acuerdo con la legislación vigente, que el acusado sea condenado por el TSJA. El recurso por parte de la Fiscalía pone en una tesitura a Foro Asturias, que en principio había descartado recurrir la sentencia, aunque siempre pendiente de la decisión del Ministerio Público.

En su recurso, el Ministerio Fiscal sostiene que la inadmisión en la sentencia de la documentación presentada con anterioridad al juicio y que dio lugar a una modificación del escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía produce una «clara indefensión, ya que se trata de una prueba esencial y, además, fue rechazada por la Sala de forma incorrecta». La nueva documental, sostiene la Fiscalía, «fue propuesta en tiempo y forma, fue aceptada en un primer momento mediante providencia, admitida en el juicio oral (se exhibió incluso parte de la misma) y, posteriormente, en la sentencia, se ha excluido». Igualmente, el fiscal considera que «tanto la modificación de las conclusiones del Ministerio Fiscal como el contenido de la misma, censurado por el tribunal, se realizó de forma pertinente, tal y como fundamenta a lo largo de las veinte páginas del recurso, apoyado en numerosa jurisprudencia».

Para el Fiscal, la sentencia infringe varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el artículo 24.1 de la Constitución española, ya que el Ministerio Fiscal también es titular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en la variante de posibilitar el acceso a los distintos medios de prueba para garantizar su intervención en el proceso.

La Fiscalía, cuenta El Comercio, entiende que se produce igualmente una «infracción de ley», en tanto en cuanto la sentencia considera que los hechos no subsumen en delito de apropiación indebida, lo cual, aparte de discreparse en la valoración probatoria, no se comparte por el Ministerio Fiscal. «La acusación se formulaba por un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción, y el tribunal –parece deducirse del sentido de la sentencia- se centra en la modalidad clásica de apropiación, consistente en una recepción previa de un objeto o dinero», argumenta la Fiscalía. «El tribunal considera que falta el requisito de recepción de metálico con obligación de restituirlo, pero ese requisito, en la modalidad de distracción, queda superado por la tenencia del control del mismo y la disposición a una finalidad distinta a la legítima», explica el Ministerio Público en nota de prensa. Por otro lado, a juicio del Fiscal, la sentencia incurre en «déficit de motivación y en falta de racionalidad y lógica en la misma».