El Gobierno y Canarias pactan cómo repartir los 4.500 menores inmigrantes sin fijar aún las cuotas

Los cálculos aún no están listos y faltan ajustes por hacer, pero, de aplicarse la fórmula anunciada por Rego, es probable que comunidades como el País Vasco, que cuenta con casi 1.500 camas y atesora un sobreesfuerzo de 500 plazas, y Cataluña, que tiene unas 4.000 de acogida para menores, reciban un número más limitado de niños y adolescentes extranjeros en situación de desprotección familiar. El PP, que gobierna la mayoría de las comunidades y sigue en el disenso con el Gobierno en la solución de esta crisis, se puso ayer la venda antes de la herida y descartó cualquier aval a un «modelo de reparto asimétrico e injusto». Se trata de un pacto que «solo busca dejar sitio para que sigan viniendo» sin explorar soluciones integrales, objetaron fuentes de Génova.

Los criterios a los que Rego y Clavijo hicieron referencia se establecieron «por unanimidad de todas las comunidades autónomas» hace tres años. Ahora, éstas podrán dar su punto de vista en la Conferencia de Infancia que se celebrará la próxima semana y cuyo tema principal de debate será este reparto extraordinario. Hasta entonces, el Gobierno «trabajará en la aplicación concreta de estos criterios», así como en determinar la fórmula jurídica del pacto, que nace de la propuesta presentada por Canarias y el País Vasco, con la que el presidente Clavijo y el lehendakari Pradales buscaban que Moncloa trasladase a 4.500 menores extranjeros –4.000 bajo tutela de canarias Canarias y 500 bajo la de Ceuta– para, así, descongestionar la capacidad asistencial de estos territorios.

A pesar de este acuerdo, el Ejecutivo de Sánchez persiste en su objetivo de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para forzar, después de que recibiese el 'no' en el Congreso de los Diputados y la negativa del PP nacional a seguir negociando esta vía. Este pacto, según mantienen desde el Gobierno, es una solución puntual.

En 2022, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el resto de comunidades para aliviar la sobrecarga de Canarias y Ceuta y garantizar la atención adecuada a los menores, con el que se comprometía al traslado de cerca de 400 menores. El criterio para este reparto se basó, como está previsto que ocurra ahora, en la población total de cada comunidad autónoma, la renta per cápita, la tasa de desempleo y el número de menores atendidos en cada región. El objetivo era lograr una asignación equitativa y proporcional, atendiendo a la capacidad y los recursos de cada territorio. Sin embargo, los resultados fueron limitados, puesto que de los niños que iban a ser trasladados a otras comunidades, solo se llevaron a cabo poco menos de 230 traslados, es decir, cerca del 60% de todos los previstos.