El Gobierno y el PP 'internacionalizan' la controversia sobre la norma

Apenas seis días después de que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, envíase dos cartas a los ministros en funciones Pilar Llop y Félix Bolaños para solicitar información «detallada» por las dudas que suscita la norma sobre la garantía del Estado de Derecho en Europa –y ya con la proposición de ley registrada– el martes fue el propio Bolaños el que remitió el texto a la Comisión Europea y solicitó una reunión con el propio Reynders y con la comisaria de Valores y Transparencia de la UEy vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

El ministro de presidencia ha sido el negociador del contenido de la ley de la medida de gracia para el borrado del 'procès' acordada en los pactos de investidura con ERC y Junts, solicita una reunión «a la mayor brevedad posible» para exponer la posición del Gobierno sobre este asunto. Y en una segunda misiva dirigida a Jourová utiliza los mismos términos para proponerle un encuentro.

El PP, por su parte, también focalizó sus esfuerzos en internacionalizar la controversia por la ley de amnistía. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, mantuvo un encuentro en Génova con cerca de una treintena de corresponsales extranjeros en España e hizo hincapié en que los países de la UE que intentaron algo similar –bien amnistiar corruptos o poner en riesgo la separación de poderes, según el expresidente gallego– «contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios».

En este sentido, Feijóo expresó a los periodistas extranjeros su temor de que España se sume al listado de los países sancionados por la UE, como ha sucedido con Rumanía, Polonia o Hungría. Según el líder popular, la ley de amnistía registrada este lunes en la Cámara Baja por los socialistas «arrasa con la seguridad jurídica de un Estado miembro de la UE».

Y por ello, el dirigente gallego quiso recordar que el «deterioro de la democracia en España implica el deterioro en la democracia europea», puesto que el texto de la ley implica que «políticos amnistían a otros políticos». «Es importante que el menoscabo a la Constitución, el sometimiento de la justicia a los intereses de los políticos, el perdón de los delitos de corrupción y el olvido de los delitos de terrorismo a los implicados del procés sea conocido y esté presente en la política internacional», afirmaban fuentes populares respecto al encuentro en un comunicado.

Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del partido –además de vicepresidente del PP Europeo– también acompañó a Feijóo en la reunión. El dirigente popular aprovechó la ocasión para alertar sobre el «lawfare» y poner el foco en que cortar las investigaciones judiciales «impide analizar el alcance del perjuicio económico padecido por la UE», además de recordar a sus interlocutores que la mayoría de juristas de nuestro país considera, «al igual que lo hacía el PSOE hace tres meses», que la amnistía es inconstitucional.

Además, los corresponsales se llevaron un dossier con los posicionamientos públicos en contra de este acuerdo con el independentismo de casi un centenar de asociaciones y colectivos. Un documento de 126 páginas, explica Génova, «que recoge el rechazo social e institucional a una ley diseñada para beneficiar a una sola persona: Pedro Sánchez».