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Alberto Núñez Feijóo fue testigo este miércoles desde su escaño de la severa derrota sufrida por el Gobierno, que vio como dos de los tres decretos que llevaba al pleno del Congreso decaían y como salvaba el otro envite gracias al PP. Una bofetada política ... de la que el Ejecutivo responsabiliza al líder de la oposición evitando poner el foco en sus socios de Junts, que lo dejaron tirado de nuevo. «Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros», contraatacó en los pasillos el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños.
Una «oposición destructiva» e «irresponsable» a ojos de la Moncloa que confiaba en que el PP no fuera capaz de dar este paso por las consecuencias negativas que tendría en los ciudadanos. «Nosotros no tenemos la culpa de la fragilidad del Gobierno», se defendían en Génova mientras urgían al presidente a asumir de una vez la falta de apoyos y convocar nuevas elecciones. «Si esa mayoría progresista de la que habla no existe, lo que tiene que tomar es una decisión», apuntó el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo.
En la dirección nacional se jactan de que «Sánchez solamente gana cuando Feijóo lo apoya». Y ahora mismo, subrayan, carece de apoyos y pierde sistemáticamente votaciones. «Hoy se ha aprobado lo que Feijóo ha querido», celebran en su equipo.
Los conservadores evitaron mostrar sus cartas hasta que la portavoz independentista, Miriam Nogueras, no confirmó desde la tribuna la posición contraria de Junts. Aunque la posibilidad de una abstención de los conservadores –que hubiese permitido la convalidación de la norma– estuvo en el aire durante la primera parte del pleno, la balanza se inclinó finalmente por el 'no'. «Nosotros no tumbamos las pensiones, paramos una forma de legislar que no es la correcta», defendían este miércoles las fuentes consultadas.
En el PP aseguran que la decisión estaba tomada desde hace «días». Prueba de ello, insisten, es que registraron al mismo tiempo que defendían desde la tribuna su postura una proposición de ley «para que se pueda garantizar dicha subida y que los pensionistas no paguen los problemas de Sánchez».
Los populares defienden que «hay que legislar de una manera ordenada y razonable» y que el Ejecutivo no puede utilizar un «paquete trampa» con un centenar de medidas económicas y fiscales para «comprar los votos del PNV» y ceder a la formación nacionalista vasca un histórico inmueble en el centro de París. Por ello, instan al Gobierno a presentar de nuevo los decretos separados para someterlos a convalidación uno a uno «votando las cosas como se debe y enmendando su vocación de colarnos palacetes». «Es miserable mezclar a pensionistas, valencianos y vulnerables con el chantaje de sus socios», escribió en las redes sociales el propio Feijóo tras conseguir doblar el brazo al Gobierno.
Si no quieren seguir ese camino, en Génova apuntan a los socialistas que pueden tramitar por la vía de urgencia su proposición y dar salida en quince días al problema para dejar de seguir utilizando «como rehenes» a los pensionistas para «pagar los precios políticos a sus socios».
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