El Gobierno lanza una reforma de la carrera judicial en plena ofensiva contra las causas que le afectan

El texto, que está aún en fase de anteproyecto y, a diferencia de la proposición de ley socialista sobre la acusación popular, tiene aún una larga tramitación por delante, pretende blindar por ley las becas que el Gobierno ya ofrece a quienes opositan a la carrera judicial y fiscal, ampliando además su cuantía y el número de beneficiarios de los 8.000 euros anuales hasta el Salario Mínimo Interprofesional por un periodo de hasta cuatro años.

Bolaños argumentó que de esta manera se busca «garantizar la igualdad de oportunidades» y que «los mejores» puedan prepararse para ser juez, abogado del Estado, letrado del Ministerio de Justicia o fiscal «independientemente de la renta de su familia»; algo que, sostiene el Ejecutivo, ahora no ocurre por el coste económico que implica para alguien de clase media y baja hacer frente al coste de esos estudios durante los años que habitualmente requiere superar las oposiciones, entre cuatro y cinco.

El anteproyecto plantea además medidas para evitar supuestos favoritismos con los opositores que vienen de familias de juristas. Así, se sustituirá un prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico que se hará de forma anónima. También se regula el llamado cuarto turno para que cada vez que se convoquen oposiciones al turno libre se convoquen a asimismo pruebas de acceso para juristas "de reconocida competencia" porque, según Bolaños, ahora solo un 9,3% de los jueces provienen de esa modalidad cuando, según la ley impulsada por el propio PSOE en 1985, tendría que alcanzar el 25%.

La reforma pretende igualmente «mejorar» los procesos de elección de las salas de gobierno de los principales tribunales, copadas ahora, aducen en el Ejecutivo, por los conservadores, con candidaturas individuales y un solo voto por elector, prohíbe el voto delegado y permite el voto telemático. Y un tema no menor: prohibirá la financiación privada de las asociaciones judiciales para, según dijo Bolaños, no solo garantizar la imparcialidad que ya se presupone sino también «la apariencia de imparcialidad» de los jueces.