El Gobierno niega conspirar contra Maduro y contiene su respuesta a las detenciones

El presidente del Gobierno pidió el miércoles al Congreso «un margen de mediación», al menos hasta final de año, para pactar una posición común dentro en la Unión Europeay presionar a Caracas con la publicación de las actas electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio, que el chavismo mantiene aún ocultos. Su intención era ganar tiempo, evitar dar imagen de debilidad y sortear así la exigencia realizada por la mayoría parlamentaria agrupada en la Cámara baja en torno al PP y secundada –por socios de investidura como el PNV– que votó a favor de instar al Gobierno a reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia –asilado en España desde el    8 de septiembre– como legítimo presidente de la nación sudamericana. Sin embargo el arresto de los dos ciudadanos bilbaínos ha escalado el conflicto y fuerza ahora al dirigente socialista a mantener un incómodo pulso con Maduro al tiempo que los de Alberto Núñez Feijóo redoblan la presión interna.

Este domingo, como hizo también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Defensa –del que dependen los servicios de inteligencia españoles– volvieron a negar categóricamente que los bilbaínos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que actualmente se encuentran detenidos e incomunicados, formaran parte del CN I. «El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal», explicó tajantemente el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado. Una versión que también respaldan fuentes de toda solvencia en Defensa, el departamento que dirige Margarita Robles, que el jueves tachó a Venezuela de «dictadura» endureciendo la crisis diplomática. En su ministerio se mostraron incluso indignados por las acusaciones vertidas por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Pero la doble negativa no ha hecho mella en el Ejecutivo de Caracas: Cabello volvió a apuntar este domingo a la culpabilidad de los detenidos.

Pero en público, la posición oficial del Gobierno es más templada –ni siquiera han secundado a Robles calificando al Gobierno de Maduro de «dictadura»– y el argumentario no se sale un ápice de la línea marcada por los últimos días. Estos departamentos gubernamentales seguían Este domingo insistiendo en que «España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela».

El régimen de Maduro, por su parte, no ha atendido a la petición de la embajada española en Caracas para tener el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y conocer de qué se les acusa exactamente. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores explican a este periódico que mantienen informados regularmente a los familiares de Basoa y Martínez, que defienden que estos estaban de turismo en el país y no formaban parte de ningún complot.

Mientras el supuesto complot continúa envuelto en una pátina de incógnitas, el asunto ha impactado de lleno en la política doméstica. Lo ha hecho a las puertas de otra semana delicada para Moncloa que el PPquiere convertir en otro «vía crucis» parlamentario para Sánchez. Este martes, el Senado –donde los populares cuenta con mayoría absoluta– aprobará salvo sorpresa mayúscula, una iniciativa parlamentaria similar a la que vio la luz el miércoles pasado en el Congreso y que tachará de fraude los comicios venezolanos.

Paralelamente, el Partido Popular Europeo pedirá al Europarlamento el reconocimiento de González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Algo que las formaciones liberales y conservadoras continentales también aspiran a sacar adelante.

En el Gobierno evitan pronunciarse sobre si atenderán al mandato de la Cámara de Estrasburgo –siempre que este resulte aprobado– o este no cambiará la posición oficial de Madrid. Todo ello después de que el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, siguiera la estela de Robles y calificara este domingo de «régimen dictatorial» al Gobierno de Venezuela. También recordó los «más de 2.000 detenidos», los «siete millones» de emigrantes y los dirigentes opositores exiliados. «Naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial, pero con decirlo no arreglamos nada. Lo que se trata es de intentarlo resolver», afirmó el dirigente europeo en Telecinco.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este martes el Congreso Edmundo González, al que trasladará, explican fuentes de Génova, su compromiso para lograr que sea reconocido como presidente electo de Venezuela. Además, defenderá la liberación de todos los presos políticos y la petición a la Corte Penal Internacional (TPI) para que procese a Nicolás Maduro.

El lugar elegido para dicho encuentro no es casual, fuentes del PP destacaron que la Cámara baja es «el lugar en el que reside la soberanía nacional» y recordaron que el miércoles instó al Gobierno a reconocer al líder opositor como presidente electo, aplicando una derrota a Sánchez.