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Cataluña tendrá su propio cuerpo diplomático, con funcionarios de la Generalitat especializados en política exterior. Seis años después de que el Gobierno central, tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, dejara al Govern sin apenas competencias en acción exterior, el Ejecutivo catalán continúa con ... su plan de expansión en el extranjero. No solo ha incrementado el número de 'embajadas', sino que está impulsando una modificación legal para contar con un cuerpo propio de diplomáticos de carrera, una especie de 'foreign office' autonómico.
El Parlamento catalán ha dado este miércoles un paso decisivo para que Cataluña aumente su estructura exterior. La Cámara catalana ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, Ciudadanos y PP y ha dado vía libre a seguir tramitando un proyecto legislativo para modificar la ley catalana de acción exterior y de relaciones con la UE para que la administración catalana pueda disponer de un «cuerpo de funcionarios con los conocimientos y aptitudes necesarios» en materia de política internacional. Las funciones de estos empleados públicos de la Generalitat, que accederán al cargo por oposición, son participar en la proyección de Cataluña en el exterior, facilitar el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones con gobiernos, organismos internacionales y redes de cooperación territorial y sectorial y participar en la elaboración de acuerdos de colaboración, examinar y evaluar los actos de suscripción y revisión de los tratados internacionales y de la Unión Europea que afecten de forma directa y singular a las competencias del Govern.
La Generalitat ha aumentado su presencia exterior esta legislatura. Cuenta ya con 21 'embajadas', seis más que al inicio del mandato. Pere Aragonès inauguró días atrás la delegación en Seúl. Durante los años duros del 'procés', el Gobierno central (tanto el del PP como el del PSOE) y la Generalitat mantuvieron un duro toma y daca a cuenta de la existencia de las 'embajadas' catalanas en el exterior. El Ejecutivo central las puso en el disparadero pues las consideraba herramientas al servicio del 'procés' y que se dedicaban a hablar mal de España en el extranjero. La Generalitat siempre ha considerado en cambio que tiene todo su derecho a contar con una red de delegaciones en el exterior. El Gobierno, en 2019, impugnó el plan de exterior de la Generalitat, que el Constitucional anuló en parte al considerar que invadía competencias estatales. la competencia en materia de relaciones internacionales es del Estado y una comunidad autónoma no puede presentarse como un sujeto de derecho internacional ni puede comprometer «la unidad y coherencia de la política exterior articulada por el Gobierno del Estado», advirtió el Tribunal Constitucional.
El PP ha advertido este miércoles al Govern de que este «cuerpo diplomático jamás podrá operar como tal, al no representar a un estado de la comunidad internacional». El presidente de la Generalitat ha replicado que seguirá «haciendo acción exterior». Y ha recordado que el Govern, en esta legislatura, ha restablecido las relaciones con la Comisión Europea, truncadas como consecuencias del 'procés'. La Generalitat estaba vetada por los altos mandatarios internacionales durante los últimos años. Aragonès ha conseguido romper esta tendencia. Se ha reunido con miembros del Ejecutivo de la Comisión Europea, saludó a la presidenta Úrsula von der Leyen en Barcelona y fue recibido por el Papa en el Vaticano.
El Govern ha recordado que la ley de acción exterior catalana fue aprobada por una amplia mayoría en 2014 y contó con el aval del Tribunal Constitucional. Las fuerzas de la derecha, en cambio, han acusado al Gobierno catalán de crear una especie de cuerpo diplomático 'fake' con el que el «Govern pretende jugar a las relaciones internacionales». Los socialistas han votado en contra de las enmiendas a la totalidad, pero han anunciado que presentarán enmiendas parciales para delimitar las funciones de este cuerpo.
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