Hacienda sigue a la Seguridad Social y también devolverá el IRPF de las bajas por paternidad

A raíz de aquella sentencia se dejaron de practicar retenciones en las prestaciones públicas por paternidad y maternidad, pero quedaba pendiente de resolver que pasaba con el dinero ya cobrado. La Agencia Tributaria aceptó devolverlo con efectos desde 2014, es decir, siguiendo el criterio de prescripción administrativa que fija cuatro años en materia de impuestos. La Seguridad Social hizo lo propio, si bien fue un paso más allá al no distinguir entre los progenitores por razón de género. Tampoco lo hacía el alto tribunal en su resolución, aunque de forma expresa no hablase de los padres al resolver primero el recurso de una madre.

Para distintos bufetes y la asociación mayoritaria de técnicos de Hacienda, Gestha, tampoco había muchas dudas al respecto: se debía devolver lo retenido tanto a madres como a padres. Pero Hacienda ha tardado casi dos meses en dar esa tranquilidad a estos últimos. Lo ha hecho la ministra Montero en el Congreso de los Diputados, donde también ha anunciado que su departamento «está puliendo» ahora «la parte tecnológica» del proceso, esto es, el mecanismo mediante el que se reintegrara dicho dinero. La pretensión es que sea a través de un formulario único, posiblemente utilizando una herramienta digital, que se espera pueda ser presentado en público la semana próxima.

Pero, ¿de qué importe estamos hablando realmente? Pues difícil calcularlo. Hablamos de un universo de posibles afectados que rondaría el 1,1 millón de personas entre madres y padres. Para Hacienda eso supondría reclamaciones por valor de hasta 1.200 millones de euros, con una media de entre 1.000 y 3.000 euros por caso. Y aparte dejará de ingresar cada año unos 250 millones en liquidaciones del IRPF por ese concepto. Sin embargo, la asociación mayoritaria entre los técnicos del fisco, Gestha, rebaja esa cuantía hasta los 266 millones, es decir, 4,5 veces menos. El motivo principal son los bajos salarios de la mayoría de esos progenitores, que hicieron que en muchos casos las empresas no llegasen a practicarles retenciones en sus nóminas.

Según sus cálculos, eso llevaría a reducir hasta 200.000 personas quienes obtendrían ahora el dinero que se les tomó entonces, lo que supone poco más del 17% del número total de progenitores que un principio se consideraban perjudicados. Ocho de cada diez madres trabajadoras (el 83% según Gestha) perciben un sueldo anual inferior a los 18.400 euros brutos, pero como las compañías donde están contratadas hacen la retención solo por el tiempo que pueden estar de baja por maternidad -16 semanas tras tener a sus hijos, mientras que paras los padres eran dos semanas hasta 2017, luego se duplicaron y ahora son cinco- el salario afectado es menor y, por lo tanto, en muchos casos se sitúan por debajo del mínimo exento.

Eso sí, para los casos donde si se hubiera llegado a realizar realmente la retención, los técnicos de Hacienda advierten de que ahora se tendría que sumar el interés legal del dinero desde esa fecha por la demora. No obstante, y al igual que en el caso anterior, solo se haría para aquellas personas cuya declaración de la renta les hubiera salido a pagar, según han puntualizado este jueves los asesores fiscales del Consejo General de Economistas-REAF. Por lo tanto, para aquellos a los que el fisco les hubiera devuelto dinero en el IRPF no cabría esa compensación extra.

Además, y debido precisamente a las diferencias salariales por territorios, desde Gestha avisan de que también habrá «diferencias claras» a la hora de las devoluciones. Por ejemplo, en la comunidad de Madrid los beneficiarios serían el 27,2% de los padres y madres desde 2014, y en Cataluña el 23,9%, debido a que son dos de los territorios donde se pagan sueldos mas altos. Por el contrario, en Extremadura solo será el 7,5% y en Andalucía el 8,1%.

No obstante, y para los casos de fechas anteriores -es decir, más allá de la prescripción tributaria de cuatro años-, diferentes bufetes aconsejan interponer un conflicto contencioso-administrativo contra Hacienda en los tribunales, aunque habrá que calcular antes los costes y valorar las posibilidades de terminar teniendo éxito.