El indulto, a juicio por los delitos de rebelión, sedición y corrupción

Desde entonces se han concedido en España una media de 500 indultos al año, si bien es cierto que desde 2014 su número ha bajado drásticamente y no se ha vuelto a superar la centena de forma anual. Coincidiendo con el inicio del juicio del procés, que se celebra desde el 12 de febrero en el Tribunal Supremo y que trata de dilucidar las acusaciones de rebelión, sedición, malversación y desobediencia que pesan sobre doce líderes separatistas catalanes, el debate sobre los delitos que deberían ser excluidos de esta ley ha vuelto a la palestra. Ciudadanos cree que existe la posibilidad de que «el Gobierno indulte a aquellos que resulten condenados para sacar adelante los Presupuestos», tal y como expresó ayer el líder de la formación naranja, Albert Rivera, una línea que apoya el Partido Popular.

Por ello, el propio Rivera ha iniciado este miércoles una campaña en las redes sociales con el lema #IndultosNo además de prometer en el Congreso de los Diputados -en una intervención con tintes claramente preelectorales- que «no concederemos indultos si hay condena a los independentistas».

Precisamente fue el PSOE, el partido contra el que ahora cargan, el que ya registró en 2016 una proposición para reformar dicha ley, que data de 1870, y propuso prohibir los indultos en los casos de corrupción y violencia de género, iniciativa que enmendó el PP para ampliar el catálogo de delitos excluidos a la rebelión y la sedición. La figura del indulto -aunque ya no se usa para celebrar coronaciones- continúa generando polémica porque no deja de ser objetivamente una intromisión del poder político en la labor del judicial cuyo uso, a veces, no se ve con buenos ojos desde los partidos que se encuentran en la oposición ni por la sociedad.

De ellos, los relativos a delitos de corrupción, malversación o prevaricación, suelen ser los más llamativos porque afectan a empresarios o políticos ligados a determinados partidos que ostentan el poder. Durante el Gobierno de Felipe González (PSOE) se indultaron a 10 personas acusadas por este tipo de crímenes; José María Aznar (PP) lidera el 'ranking' con 139; mientras que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) se aprobaron 62. Mariano Rajoy (PP), por su parte, bajó la cifra a un total de 16.

A principios de enero, la reforma se debatió en el Congreso con la presencia de tres juristas especializados: el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas; el abogado del Estado Jesús López-Medel, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida, Josep María Tamarit. Todos se mostraron contrarios a fijar un listado de delitos excluidos en esta medida de gracia, aunque también han coincidido en exigir al Gobierno una motivación amplia y razonada al concederlos.

Los defensores del indulto esgrimen cuestiones como la necesidad de atemperar por razones humanitarias el excesivo rigor de determinadas penas que los tribunales está obligados a imponer, de evitar el encarnizamiento punitivo o de favorecer la reinserción social. Pero sus detractores recuerdan que esta es una figura que surgió durante la monarquía absoluta, con un carácter casi teocrático.

Sin embargo, dentro de las concesiones existen ciertas limitaciones, por ejemplo, aquellos que todavía no dispongan de una sentencia firme, los reincidentes (salvo excepciones) o aquellos que «no estuvieren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena», es decir, que hayan 'desaparecido', exiliado o marchado fuera de los límites de acción del Tribunal. Tampoco es equivalente a una amnistía, ya que el condenado no queda exento de cargos.

En medio del clima político que se vive en Cataluña, este debate también ha tenido resonancia. Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, amenazó que si finalmente se excluía la rebelión y la sedición de esta medida de gracia llevará el caso al Tribunal de Estrasburgo. «El Estado no debería cerrar las puertas a la posibilidad de hacer política algún día, porque puede haber pronunciamientos de instancias, de tribunales internacionales, que obliguen a los poderes del Estado a tener que hacer política», manifestó. De momento, la reforma de la ley se seguirá debatiendo en el Congreso.

Los últimos indultos salieron del Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes. Se trata de dos sindicalistas vigueses pertenecientes a UGT, Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, que fueron condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete durante una huelga en el año 2008. «Conmuta a Serafín Rodríguez y a Carlos Rivas la pena privativa de libertad impuesta por otra de dieciocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros, a condición de que no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del Real Decreto», aparecía este lunes publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El mismo día también se indultó a Ángel Vadillo, exalcalde del PSOE en Alburquerque (Badajoz), que fue dado de baja del partido tras ser condenado por obstrucción a la justicia y amenazas, tras advertir a una vecina que había recurrido la construcción de un edificio que, si no se retiraba, desvelaría con quién mantenía relaciones sexuales, pero se volvió a presentar y fue reelegido en 2015 bajo las mismas siglas.

No solo el perdón para delitos de corrupción, violencia de género o de rebelión provocan el rechazo de algunos sectores de la sociedad. Durante los últimos 40 años ha habido otros que han suscitado cierta polémica. En enero de 2013, el ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón indultó a un conductor kamikaze que en 2003 mató a un joven de 25 años e hirió de gravedad a la novia de este al conducir en dirección contraria por la autopista AP-7 a la altura de Polinyà del Xúquer (Valencia). Tras el juicio, fue condenado a 13 años por un delito de «conducción temeraria con grave desprecio por la vida de los demás conductores».

En aquella ocasión, la presión social fue suficiente para que el Tribunal Supremo anulara el indulto, al entender que no estaba suficientemente motivado, y el conductor suicida regresó a prisión.

Más de 200 jueces de toda España, incluyendo dos del Tribunal Supremo (Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Gimenez) y una vocal del Consejo General del Poder Judicial (Margarita Robles) firmaron un documento para protestar por el indulto concedido en 2012 a cuatro miembros de los Mossos d'Esquadra. «La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores», decía el texto.

Los Mossos habían sido condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador y recibieron hasta en dos ocasiones la medida de gracia por parte del Gobierno del Partido Popular, ya que después del primer indulto la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona había vuelto a ordenar su reingreso en prisión.

Un caso más reciente tuvo lugar el pasado 7 de diciembre. Ese día el BOE publicó el indulto de siete personas: un notario gaditano acusado de un delito de falsedad en documento público; una canaria y un alicantino por delitos contra la salud pública; otra barcelonesa por apropiación indebida; y a Gloria Chochi Sambo, autora de un delito de homicidio en 2015 y condenada a seis años de prisión, de las que, en virtud de la decisión, cumplirá un máximo de cuatro.

Este caso acaparó la atención de toda la prensa al ser un delito de sangre. Sin embargo la decisión estaba justificada por parte del Consejo de Ministros debido a que «los hechos probados ponen de manifiesto que la víctima venía maltratando a la acusada desde hace tiempo, que su relación estaba rota y que cuando se produjo el mortal desenlace, la acusada no se encontraba en plenas facultades mentales, dado el temor que sentía respecto a Williams (el fallecido) lo que disminuía seriamente su capacidad de actuar». La medida de gracia estaba sujeta a la condición de que Chochi no volviera a cometer un delito doloso en el plazo de cuatro años.