Los indultos a los presos del 'procés' vuelcan el tablero político catalán

Esgrimen razones diferentes, pero ambas entidades se han posicionado en contra de las medidas de gracia a los presos del 'procés', insinuadas por el Ejecutivo central. «La impunidad no es la solución, no se dan las condiciones para su concesión», señala el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa. Elisenda Paluzie, de la ANC, rechaza los indultos porque a su juicio pueden ser una decisión política «inteligente» del Gobierno central contra el independentismo, pues podrían desarmar al movimiento soberanista y causarle efectos «nefastos» en la batalla internacional por sumar complicidades.

En el Parlament, esta sacudida se hace evidente. La foto fija de la Cámara catalana que ha visualizado la división en dos mitades de la sociedad durante los años del desafío independentista se ha movido. En el debate sobre las medidas de gracia, el Parlament ya no está partido en dos mitades como hasta ahora. En relación a los indultos, están a favor los partidos catalanistas (PSC, ERC, Junts, comunes y CUP), que suman el 85% de los escaños, y en contra están Vox, Ciudadanos y el PP. Este movimiento podría facilitar futuras alianzas de ERC con los comunes y el PSC, por ejemplo, en los presupuestos autonómicos.

El constitucionalismo, de esta forma, se ha quebrado. Esta ruptura se ha escenificado esta semana en un acto celebrado por SCC en Barcelona sobre los indultos. Durante el 'procés', las fuerzas no soberanistas mantuvieron una cierta unidad estratégica, que ha saltado por los aires en cuanto se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de excarcelar a los líderes secesionistas condenados por sedición. Astrid Barrio, presidenta de la Lliga Democràtica, fue unas de las solicitantes de los indultos. Está radicalmente en contra del 'procés' y de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern. Pero cree que las medidas de gracia pueden servir para abrir una nueva etapa, como argumento de «utilidad pública». Eso es «voluntarismo entreguista», le replicó Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, en el acto de SCC. «Los indultos serán una condena para Cataluña, que seguirá en el bucle identitario», dijo la exportavoz del PP. «Habrá recursos y volveremos a estar igual», señaló Pere Lluís Huguet, de Ciudadanos. Joaquim Coll, exvicepresidente de SCC, en cambio, opinó que las salidas de prisión pueden ser convenientes y útiles. «Son un gesto de distensión, no resuelven el problema, pero abren una puerta, hay que intentarlo», confió.

Quienes se oponen a los indultos desde el constitucionalismo argumentan que los presos no se han arrepentido de nada y volverán a hacerlo en cuanto puedan. A corto y medio plazo, parece poco probable. La CUP ya no aprieta como en el pasado, a pesar de que sobre el papel exige un nuevo «embate» contra el Estado en forma de referéndum antes de 2023, y Aragonès ha cogido el mando con voluntad de perdurar. ERCha regresado 40 años después a la presidencia y quiere consolidar al president varias legislaturas. Y eso solo es posible si se ciñe a la legalidad.

Fuentes del Govern aseguran además que la legislatura catalana que acaba de arrancar se centrará casi en exclusiva en torno a la gestión de la crisis y el día a día. Si Torra insistía en que no había llegado a la presidencia para gestionar una autonomía, en el Govern actual de momento es todo lo contrario, más allá de la retórica identitaria y de que Aragonès insista a diario en que se ha de empezar a resolver el pleito catalán con la amnistía y la autodeterminación. Como ejemplo del cambio, en campaña, Laura Borràs, cabeza de lista de Junts y ahora presidenta del Parlament, afirmaba que con la mayoría absoluta el secesionismo debería reactivar la declaración de independencia. Ahora, en cambio, sitúa la secesión a 10 años vista. Junqueras habla de 10 a 20 años.

Fuentes soberanistas descartan, mientras, gestos por parte de los independentistas, si al final se acaban concediendo los indultos. Y es que, las medidas de gracia, como en el constitucionalismo, han abierto en canal el mundo secesionista. Los grupos más radicales se oponen, como la ANC, pues temen que debiliten al movimiento a nivel internacional y desmovilice la calle. La exconsejera Clara Ponsatí, huida junto a Puigdemont, cree que podrían implicar renuncias por parte de los independentistas, por lo que reivindica la vía del exilio. Medios próximos al expresidente Puigdemont ya han advertido de que el único camino que no es de rendición es el del exilio. Quienes atacan los indultos desde el nacionalismo admiten que es una jugada a favor del Estado frente a la causa independentista en el frente jurídico internacional y que vaciará de contenido la mesa de diálogo entre los dos gobiernos.