La investigación de crímenes sin resolver constata que ETA tenía detrás mil activistas y presos

Once años después del cese definitivo de los atentados, la Guardia Civil y magistrados de la Audiencia Nacional trabajan para esclarecer crímenes pendientes -379, el balance de la impunidad contra el que la UE ha urgido a actuar- y sentar en el banquillo, por ellos y por otros ya enjuiciados si procediera, a un puñado de antiguos jefes de ETA. Una decena -con Mikel Albisu 'Mikel Antza', hoy en libertad, a la cabeza- están citados a declarar mañana en los juzgados centrales como presuntos inductores del coche bomba que el 30 de octubre de 2000 segó la vida en la avenida Badajoz de Madrid del vicealmirante y presidente de la Sala de lo Militar del Supremo José Francisco de Querol Lombardero; su chófer, Armando Medina; su escolta, Jesús Escudero; y el conductor de autobús Jesús Sánchez. Nadie ha purgado por ese cuádruple crimen que hirió, además, a 64 personas y causó daños en 700 viviendas.

Aquella era la ETA que arremetió crudamente contra la convivencia en los años que mediaron entre la siniestra teoría de la 'socialización del sufrimiento' que propagó la amenaza mortal a partir de 1995 y el inicio de los 2000, cuando rompió a sangre y fuego la tregua decretada en 1998 al calor del pacto de Lizarra de la izquierda abertzale con el nacionalismo institucional. Una ETA que entonces tenía detrás mil militantes, entre activistas, colaboradores y presos. Esos reclusos, que sobrepasaban los 500 y cuyos 'generales' asesoraban al comité ejecutivo de la banda -'Zuba'-, se limitan ahora a 174 y la casi totalidad están internos en las cárceles vascas o las más próximas.

El millar de 'soldados' terroristas figura citado en la documentación incautada a ETA, además de declaraciones, sentencias, comunicados y otras fuentes probatorias, que la jefatura de información de la Guardia Civil acaba de remitir al juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional en el marco del sumario 27/2000 sobre el asesinato sin resolver de Querol y a instancias Dignidad y Justicia, la asociación que está promoviendo las querellas contra los exdirigentes etarras. El informe del instituto armado, algo más de 300 páginas a las que ha tenido acceso este periódico, responde con datos prolijos recopilados durante años a la información requerida por el juez Santiago Pedraz para determinar si hay evidencias para procesar a los citados a testificar: 'Antza', Asier Oyarzabal 'Baltza', Vicente Goikoetxea 'Willy', Ramón Sagarzazu 'Ramontxu' e Iñaki de Gracia Arregi 'Iñaki de Rentería' (presencialmente); y Soledad Iparragirre 'Anboto', Gorka Palacios 'Txurdo', Javier García Gaztelu 'Txapote', Juan Antonio Olarra 'Jon', Ainhoa Mujika 'Olga' y Juan Carlos Iglesias Chouzas 'Gadafi' (por videoconferencia).

El dosier de la Guardia Civil da por acreditada la dependencia orgánica del comando Buruhauste ('quebradero de cabeza', en euskera) al que se atribuye el asesinato de Querol y la dirección de ETA ejercida a través del Zuba que encuadraba a los aparatos político, militar y logístico. El grupo, del que formaron parte el citado Palacios, Ana Belén Egüés, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach, Javier Abaunza y Julia Moreno Macuso, quedó constituido en 1999 -aún en plena tregua, que los terroristas utilizaron para rearmarse- y operó entre Madrid y Salamanca hasta su desarticulación en 2001.

El informe detalla, casi como un profuso 'thriller', cómo el comando recibía las directrices de la dirección militar comandada por García Gaztelu, Olarra y Mujika a través de enlaces personales o por correo electrónico; cómo la cúpula etarra disponía de datos tan concretos sobre Querol como dónde vivía; cómo recibieron 120 kilos de explosivos, 40 de los cuales emplearon para matar a sus víctimas; cómo les 'doblaron' en Francia la matrícula para el Renault 19 rojo que reventaron al paso del coche oficial del magistrado; o cómo se desplazaron a Argelès-sur-Mer, tras el crimen y a mandato de la cúpula. para dar cuenta de (sic) «los diversos acontecimientos de su campaña en Madrid». En sus apenas dos años de actividad terrorista, el Buruhauste mató a siete personas e hirió a 254. A petición de Pedraz, la Guardia Civil también plasma el 'excell' del horror entre 1994 y 2004, la década en el poder etarra de 'Mikel Antza': 480 atentados con 101 asesinados.