Irritación en el CNI por el pacto de Gobierno y Junts para desclasificar los papeles del 17-A

Este jueves, y tras una semana en la que el Ejecutivo ha multiplicado los gestos hacia los de Carles Puigdemont –el más relevante, la retirada de la votación del techo de gasto presupuestario que iba a perder– para intentar reconducirlos al redil del bloque de investidura, el PSOE, Sumar y Junts estamparon su firma en el plan de trabajo que da nuevo impulso a la polémica comisión. Un grupo de trabajo parlamentario con el que los soberanistas pretenden demostrar, al igua que con el del espionaje de la 'Operación Cataluña', que el Estado ha practicado 'guerra sucia' contra ellos.

Mientras los junteros se escudan en que otros países europeos han emprendido investigaciones similares –Francia tuvo una comisión tras los embates del yihadismo de hace una década–, en el ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles y del que depende el CNI sostienen que no esxite «ningún»    motivo para inquietarse por la revelación pactada de información reservada. «Mejor que se desclasifiquen y acaben las 'paranoias'», llegan a aseverar estas fuentes.

Pero en el centro cunde la inquietud no por el contenido de los eventuales informes, sino porque el espionaje español esté siendo utilizado como «moneda de cambio» en las negociaciones del presidente con sus socios para intentar retener la Moncloa. Los servicios secretos todavía no ha acabado de digerir que el 5 mayo de 2022 el Ejecutivo de Sánchez, a fin de complacer a sus aliados catalanes y vascos, obligara a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, a revelar en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que 'La Casa' había espiado con Pegasus a 18 dirigentes independentistas durante el 'procés'; entre ellos, al expresident Pere Aragonès. Seis días después, Esteban, cuya cabeza fue reiteradamente pedida por ERC, Junts y Bildu, fue fulminada de su cargo.

Ahora, en el centro califican de «verdadero estriptis» el plan de trabajo de la comisión sobre el 17-A para «cortejar otra vez a Puigdemont» manteniendo viva la teoría de que el Gobierno de Mariano Rajoy siempre estuvo al tanto de que la célula de Alcanar tenía previsto atacar en Cataluña porque, entre otras cosas, el cabecilla del grupo, el imán Aldelbaki Es Satty era confidente del CNI. Según esta tesis conspirativa, el Ejecutivo del PP toleró    los atentados ya que así podría elevar el nivel de alerta antiterrorista de 4 a 5. Ello, siempre de acuerdo a esta argumentación, habría permitido a Rajoy el despliegue de militares en funciones de seguridad pública en Cataluña, con el propósito final de frenar el 'procés' impidiendo el referéndum ilegal de 1-O. El pacto del Gobierno con Junts incluye que el Consejo de Ministros desclasifique «la información reservada o secreta que pueda existir en relación a los atentados» y la referida al «registro de visitas a Es Satty en la prisión de Castellón por parte de los miembros de los servicios secretos y transcripción de las entrevistas mantenidas».

La especulación de que los servicios secretos permitieron la matanza yihadista hizo fortuna entre los círculos del independentismo más radicalizado cuando se conoció la relación entre el imán y el CNI y se airearon supuestos avisos de servicios de inteligencia aliados sobre la posibilidad de ataques yihadistas en Cataluña. En enero de 2022 recobró vuelo después de que el controvertido excomisario José Manuel Villarejo, archienemigo de los servicios secretos, afirmara en la Audiencia Nacional que el centro «calculó mal las consecuencias de dar un pequeño susto a Cataluña» en el verano de 2017.

Aunque ni Villarejo ni los partidarios de esta maquinación han aportado nunca una sola prueba, Junts sigue haciendo proselitismo de la misma. Puigdemont ha apuntado a «la responsabilidad» de aquel Gobierno en los atentados por no investigar a los servicios secretos y Jordi Turull, secretario general de los postconvergentes, ha denunciando un presunto «terrorismo de Estado».    Ello a pesar de que el CNI ha dado explicaciones sobre su relación con el imán.

En noviembre de 2017 y entre la información remitida al instructor en la Audiencia Nacional de los atentados, Fernando Andreu, admitió que el religioso fue captado durante su estancia en la prisión de Castellón, en la que estuvo preso desde 2010 a 2014 tras ser interceptado con un coche con 120 kilos de hachís en el ferry de Ceuta a Algeciras. El CNI explicó a Andreu –quien incluyó esta información en una pieza secreta y separada– que se acercó al detenido al conocer sus nexos con redes radicales islamistas desde septiembre 2005. En particular, con las que operaban desde Vilanova i la Geltrú (Tarragona), golpeados por la fallida 'operación Chacal' en 2006, desmontada luego por el Supremo ante la descoordinación, precipitaciones y supuestas irregularidades en la investigación de la Guardia Civil y la Policía.

El nombre del que se convertiría en imán de Ripoll había aparecido en una agenda de uno de los detenidos por la masacre del 11-M en Madrid. El preso marroquí, siempre de acuerdo con la información de los servicios secretos, no era considerado una «pieza clave» en los grupos yihadistas de Cataluña , sino un «personaje periférico» que podría servir de chivato una vez que recuperara la libertad. Las fuentes oficiales del CNI insistieron en que solo hubo contactos en prisión hasta 2014 –es decir, tres años antes de los atentados– y siempre «siguiendo los protocolos». Cuando salió en libertad, no siguió como colaborador con el CNI.