El juez admite que va a ser «prácticamente imposible» saber quién espió con Pegasus a Sánchez, Robles y Marlaska

El instructor, habida cuenta los últimos informes del Centro Criptológico Nacional (CCN) dependiente del CNI insisten en la información remitida recientemente por Francia no permite ni saber quién está detrás de los ataques ni qué datos exactos se sustrajeron, pide a las autoridades del país vecino un «intercambio intercambio más amplio de información». Sobre todo, Calama, que ha emitido una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de Paris encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus en miembros del Ejecutivo galo y a ciudadanos de esa nacionalidad, quiere conocer el «contenido» que la israelí NSO Group, fabricante de ese programa espía, facilitó a Francia sobre el «control interno de dicho software, así como un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI)».

En su auto, el instructor explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el «código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control». Es, por tanto -abunda Calama- «técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes».

El instructor de la Audiencia Nacional, además, insiste en que este spyware hace« prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos». Recuerda José Luis Calama que entre el espionaje en España y Francia solo hay «coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas».

Y es que, según ha podido saber este periódico, las autoridades galas han confirmando la Audiencia Nacional que Pegasus usó la cuenta de correo linakeller2203@gmail.com, la misma que el 'malware' israelí usó para intervenir las terminales de los titulares de Defensa y de Interior, para controlar en la misma época a, al menos, cuatro personas en Francia señaladas por el régimen de Rabat por su defensa de la causa saharaui.

Se trata de la activista francesa Claude Mangin, esposa del preso político saharaui Naama Asfari; Oubir Bachir, diplomático del Frente Polisario; Philippe Bouyssou, alcalde de Ivry-sur-Seine, muy activo en causas solidarias con la excolonia española; y Hicham Mansouri, un periodista de investigación marroquí que vive exiliado en Francia. Unos perfiles de espiados que apuntan, aunque sin más pruebas, a que fueron las autoridades marroquíes las que estuvieron detrás del espionaje.

Pero a falta de esas pruebas fehacientes, indica el auto, los informes del CNI «concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa».

Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel (país que desde el principio se ha negado de manera rotunda a colaborar con esta investigación) con el fin de que facilite la información requerida en una primera comisión rogatoria enviada en mayo de 2022, una posterior ampliación y un recordatorio que no han obtenido respuesta de las autoridades de aquel país.

Calama considera que resulta «imprescindible» para determinar la identidad de los autores de los hechos que Israel facilite la información requerida a la mercantil NSO Group y la declaración testifical de su CEO, quien se encuentra en territorio israelí.

El instructor indica que, en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa.