La juez cita al jefe de la unidad antinarco que suprimió Marlaska para comunicarle su juicio por presunta corrupción

La titular del órgano judicial que investiga al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva, antiguo responsable de OCON-Sur, y a otros dos tenientes del cuerpo ha comunicado a las defensas la fecha de la audiencia dentro del trámite de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Y es que será un juicio con jurado popular supervisado por la Audiencia Provincial de Madrid el que decida el futuro procesal del condecorado oficial, caído en desgracia tras unas investigación de la unidad de Asuntos Internos por su presunta vinculación con un clan gaditano del narco -ya fuera por cuestiones profesionales o personales-.

Según han confirmado fuentes jurídicas, la juez trasladará a las defensa la imputación de los tres guardias civiles en el marco del artículo 25 de la citada Ley del Tribunal del Jurado. En la comparecencia, la instructora comenzará por oír a la Fiscalía Antidroga, que detallará por primera vez su escrito provisional de acusación, y luego a los letrados defensores, quienes expondrán sus conclusiones sobre los hechos investigados y podrán instar incluso el sobreseimiento de la causa.

En el caso de la representación del Ministerio Público, llama la atención que el asunto lo lleve en persona un fiscal antidroga con oficina en la Audiencia Nacional en detrimento de la Fiscalía de Madrid, según comentan las mismas fuentes consultadas. En todo caso, se espera con especial interés el escrito de acusación dada la relevancia del caso que dio la puntilla a OCON-Sur.

Pero, ¿por qué el ministro Fernando Grande-Marlaska suprimió este eficaz grupo de buenas a primeras? Fuentes de Interior explicaron que no fue desmantelado como tal, sino que los 150 agentes fueron recolocados en las unidades judiciales de las diferentes comandancias de las Guardia Civil de la zona, reforzando así su plantilla. Pero detrás de esta decisión del ministro -añaden otras fuentes consultadas- estuvo un asunto mucho más espinoso: las sombras de sospechas sobre el liderazgo «personalista» del teniente coronel Oliva, su cercanía con algunos cabecillas del narco del lugar y las indagaciones que estaba llevando a cabo entonces la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el citado oficial y sus «amistades peligrosas».

Estas pesquisas fueron abiertas como una pieza separada en una causa mayor que un juzgado de la Audiencia Nacional sigue contra un clan de narcos en la denominada 'operación Varea', que dirigía el propio Oliva. Una disputa entre dos tenientes y la relación de uno de ellos con una familia gaditana vinculada al tráfico de droga, tal y como reveló la investigación judicial, puso en alerta a Asuntos Internos y también al propio Oliva.

El reconocido oficial quiso conocer, presuntamente, hasta dónde llegaban estas pesquisas y si le afectaban a él. Finalmente, fue imputado por facilitar la llegada a la OCON-Sur de uno de estos tenientes, entonces en Asuntos Internos, a cambio de conocer la información reservada que manejaban contra su persona.

La operación estalló en diciembre de 2022, tres meses después de que Interior desmantelara OCON-Sur, con la detención del agente J. A. B. P. en Algeciras. Registraron su casa y su puesto de trabajo y le intervinieron su móvil y otros dispositivos. Le acusaron de revelación de secretos. Declaró ante el juzgado de la Audiencia Nacional y, cuatro meses después, en abril de 2023, hicieron lo mismo Oliva y el segundo teniente implicado: cuyas iniciales son J. I. F. P.

El juzgado de la Audiencia se inhibió en favor del de Parla para investigar estos hechos, ya que fue en las oficinas de Asuntos Internos de esta localidad donde se produjo la supuesta delación. Ahora el órgano convoca a las partes para comunicarles su imputación formal y dar el último paso antes del juicio, que se espera bastante mediático.