El juez pasa factura a Tsunami

Todo estaba calmado hasta que Pedro Sánchez confirmó que la amnistía iba a formar parte de los acuerdos con el independentismo para su investidura. Fue en el comité federal del PSOE del sábado 28 de octubre. Delante de los suyos, el candidato a la presidencia del Gobierno defendió por primera vez expresamente la futura ley. Lo justificó en la necesidad de pasar página al 'procés' judicial a cambio de conseguir los votos parlamentarios de los partidos independentistas.

Solo 48 horas después, el lunes siguiente, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 comenzó el movimiento. Personificado en su titular, García Castellón, y en el refuerzo, el juez Joaquín Gadea. Ambos afiliados a la APM, la asociación conservadora de magistrados mayoritaria en la carrera. El 'caso Tsunami' salió del cajón y los togados le pasaron el plumero. Faltaba un informe clave de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. El documento que señalaba a los promotores de la plataforma. Y García Castellón, que ya conocía los pormenores del texto, apremió a los investigadores para registrarlo.

Dicho y hecho. Tres días después, el jueves 2 de noviembre, el documento ya estaba en su despacho. En total 202 páginas sobre los antecedentes de Tsunami, su actividad, los nueve presuntos responsables, menciones de pasada sobre Carles Puigdemont y 80 páginas de anexos con los perjuicios económicos de los actos de protesta protagonizados por la plataforma en 2019.

Al día siguiente el juez pidió a la Fiscalía un informe con su valoración penal de los hechos y la lista de investigados. Era viernes y la previsión era presentarlo a mediados de esta semana. Pero lo que cayó como una bomba en el departamento dirigido por Jesús Alonso es que este lunes 6 de noviembre, sin esperar a la acusación, García Castellón se descolgó con un auto que removió los cimientos de la negociación entre PSOE y Junts en Bruselas.

El juez vio terrorismo en las acciones de Tsunami para mantener la competencia de la causa en la Audiencia y acordó investigar al mismo Puigdemont por su implicación en la dirección de la plataforma desde Waterloo. Lo hizo a través de indicios periféricos, la incautación de agendas e intervención de teléfonos de terceras personas vinculadas al expresidente. Con eso le valió para poner la amnistía patas arriba, introduciendo el elemento del terrorismo con la vista puesta en un futuro pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE ante una cuestión prejudicial y la posible suspensión del borrado de este delito.

En paralelo, en la Fiscalía de la Audiencia no salieron de su asombro por las formas del juez y el fondo de su auto. Anunciaron recurso, conocido este viernes, porque los hechos a lo sumo se enmarcan según su criterio en el delito de desórdenes públicos graves (tipo surgido tras la derogación por las fuerzas del Gobierno de la sedición) y no en el de terrorismo. Lo justificó el fiscal Miguel Ángel Carballo deslizando que la resolución del «ingenuo» García Castellón estaba fuera de la realidad. Ahora la Sala de lo Penal tiene la patata caliente, ya que deberá resolver las diferencias con el foco de la amnistía proyectando sobre los tres magistrados que deliberarán.

Pero lo que sí une a juez y fiscal es que las acciones de Tsunami tuvieron un perjuicio económico que se sustanciará en la investigación. Todo está detallado en los anexos del informe de la Guardia Civil. Sumados todos los cargos, la factura asciende a 2.444.477 euros, después de que varios organismos afectados peritaran los daños y cuantificaran el lucro cesante causado.

El mayor quebranto se produjo con el bloqueo del aeropuerto de El Prat, con altercados en el interior de la terminal. La compañía Vueling, que el 14 de octubre de 2019 tuvo que cancelar 169 vuelos, cuantificó el perjuicio en 978.000 euros. Por su parte, la División de Seguridad Aeroportuaria de AENA informó en agosto sobre los desperfectos: 815.018 euros.

El 11 de noviembre de ese mismo 2019 y en el paso fronterizo de La Junquera, Tsunami cortó la AP-7 con la colaboración de los CDR. Una acción contabilizada en 566.155 euros para la sociedad ACESA. Y el 18 de diciembre, las protestas callejeras durante el partido Barça-Real Madrid desembocaron en daños por valor de 85.304 euros, según el balance del Ayuntamiento y Ferrovial. En total, esos 2,4 millones. Esta es la factura que el juez ha pasado a Tsunami.