El juez de Tsunami pide al Supremo que investigue por terrorismo a Puigdemont y Rovira

En su resolución, el instructor de la causa pide al alto tribunal, tal y como le había reclamado la acusación de Dignidad y Justicia, que se haga cargo de la investigación que él lleva indagando durante cuatro años. Para ello considera que para el esclarecimiento de los hechos es necesario practicar varias diligencias de investigación que no puede llevar a cabo precisamente porque en este sumario hay dos aforados, el propio Carles Puigdemont y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg.

La petición del titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional al Supremo para que asuma este sumario se produce justo el mismo día en el que la Mesa del Congreso, con el visto bueno de los letrados de las Cortes, dio luz verde a la tramitación parlamentaria de la polémica ley de amnistía. Entre sus beneficiarios, según la proposición de ley socialista, estarían los doce encausados en Tsunami, ya que el texto contempla expresamente la desaparición de las causas de terrorismo del procés siempre que no haya una sentencia previa.

García Castellón, en contra de las tesis de la Fiscalía -sostiene el Ministerio Público que no existen pruebas para acusar a Puigdemont y pide que la causa pase a la justicia ordinaria al no apreciar delito de terrorismo-, afirma sin tapujos que el exjefe del Ejecutivo catalán se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic. Y añade que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere «una posición de autoridad incuestionable».

Y no solo eso. El juez, en las antípodas de la tesis exculpatoria del fiscal respecto al político prófugo, sostiene que existen indicios que permiten inferir que Puigdemont participó en el «nacimiento y planificación» de las acciones de Tsunami, que provocaron durante semanas el caos en diversos puntos de Cataluña durante el otoño de 2019. Fue tras la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', entre ellos la toma del aeropuerto de El Prat, cortes de vías de comunicación o el continuo asedio de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana en Barcelona.

García Castellón explica que entre esos indicios contra el hoy europarlamentario se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay, asesor personal y hombre de confianza de Puigdemont, y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso del expresidente a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.

También se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami, continúa el instructor del caso, de una conversación mantenida con el empresario gerundense Josep Campmajó en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del 'procés'.

Horas después de conocer la resolución, el propio expresidente de la Generalitat -que está pendiente de la controvertida amnistía para poder regresar a España sin consecuencias legales- se mostraba especialmente crítico: «la justicia española es de las peores que hay en la UE». «No muestra interés en ser independiente ni en hacerlo ver, tienen una agenda y un calendario político», escribía Carles Puigdemont en la red social X (antes Twitter) respecto a los tribunales nacionales, al tiempo que añadía que «llevan seis años así: ven rebeldes donde no los hay, ven sediciosos donde no los hay y ven terroristas donde no los hay».

A lo largo de su resolución, el magistrado repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami Democratic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del 'procés'. Entre ellas se citan la huelga general del 18 de octubre de 2019 y el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre, así como el bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado como las acciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y en la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà.

Sobre el intento de tomar al asalto la torre de control de Barcelona-Gavà, en su ánimo de amarar la acusación por terrorismo, el juez destaca la «importancia estratégica de este objetivo», junto a «las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida».

«Si Tsunami Demòcratic hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas», destaca en su auto.

El instructor del caso, que cree necesario investigar si el colapso de El Prat pudo influir en el fallecimiento de un turista francés por un ataque al corazón, insiste en su petición elevada al Supremo en que la «gravedad de los hechos y su complejidad», en particular el asalto al aeródromo barcelonés, «permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea».

En esa línea, García Castellón añade que los informes remitidos por los Mossos de Escuadra han revelado el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes. Siempre sobre lo ocurrido en El Prat, recuerda que los asaltantes accedieron a la zona de embarque y lograron asentarse delante de las puertas para acceder a los aviones, impidiendo el acceso de los pasajeros a los mismos. También consiguieron bloquear la torre de control aéreo.