La jueza recupera un correo de Moncloa en el que se dirigen a David Sánchez como «querido hermanito»

Dentro, el mensaje le habla de un proyecto llamado Operegrina para crear una ópera itinerante en municipios a ambos lados de la Raya con el objetivo de fomentar este género en localidades donde no lleguen grandes montajes.

El remitente es Luis María Carrero Pérez, que continúa su carta: «A la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina. Te mando tres cositas en relación con lo que hemos hablado estos días», y continúa con datos del proyecto.

Esta iniciativa llegó a tener forma en un convenio publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en 2023 y firmado por el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Federación de Universidades Populares. Las instituciones optaron a este proyecto a fondos europeos, pero no le fueron concedido y, por tanto, no se ha desarrollado.

Luis Maria Carrero Pérez trabajaba en Moncloa, en el gabinete de Presidencia según varios medios de comunicación, en el momento de remitir este correo a David Sánchez desde una cuenta no institucional. Carrero tiene varios libros publicados y plaza en la Escuela Oficial de Idiomas, en la sede de Mérida. Es, por tanto, funcionario de la Junta de Extremadura. Ahora ejerce como jefe de sección coordinación y programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz, un puesto al que llegó hace más de un año. Comparte despacho con David Sánchez en la plaza de España.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz preguntó ayer por ese correo a los investigados con los que cerró la ronda de declaraciones de la instrucción. Y se interesó también por el trabajo de Luis Carrero en la Diputación.

Quienes contestaron ayer a las preguntas de la jueza fueron Manuel Candalija Valle, actual director del área de Cultura, Deporte y Juventud, pero que en el momento del contrato era jefe de servicio de actividades culturales; seguido por Félix González Márquez, actual jefe de sección de Gestión Administrativa y Asuntos Generales y antes jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación; y de Emilia Parejo Gala, que fue directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar entre 2019 y julio de 2023, y es actual coordinadora de Igualdad.

El alcalde de Castuera, Francisco Martos, fue el último en declarar. Figura en la causa como investigado, dado que fue diputado delegado de Cultura y Deportes entre 2019 y 2023.

Tanto los funcionarios como el alcalde se marcharon de los juzgados sin querer realizar declaraciones a los medios concentrados a las puertas de los juzgados. Tampoco sus abogados, entre los que algunos de la acusación entraron por videoconferencia. Como ocurrió la pasada semana, los investigados solo contestaron a la jueza, la fiscal y la defensa, pero no a los abogados de la acusación.

Tras cerrar la ronda de declaraciones, la jueza puede pedir más diligencias, como le reclaman las acusaciones. Le solicitan más pruebas. Entre ellas, la testifical de los otros diez aspirantes al puesto para el que finalmente se contrató a David Sánchez en 2017 y que este último identifique el portal de Internet donde dijo haber encontrado la convocatoria del puesto en la Diputación pacense.

Además, requieren certificados del PSOE para demostrar que Pedro Sánchez sí era el secretario general del PSOE en los momentos claves de la tramitación y adjudicación de este puesto de trabajo. Entre otras cosas, explican fuentes del caso, que esta plaza se agilizó en mayo de 2017 porque en ese momento Pedro Sánchez recuperó el poder en el PSOE tras unos meses de convulsión interna.

La jueza puede aún pedir más testificales o, tras oír a los investigados, decidir si habrá juicio oral o si archiva la causa. De hecho, la defensa tiene previsto pedir el archivo de la causa, según dijo ayer el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

La instructora abrió el procedimiento antes de verano para determinar si se ha incurrido en posibles delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias, a la que se han sumado Liberum, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y el PP.