Sociedad Civil Catalana carga contra la «concesión de privilegios» del Gobierno y el Govern a los independentistas

«La ley de amnistía, la cesión incontrolada de competencias y las reiteradas expresiones de humillación constituyen un pago político por parte de quienes son rehenes de condenados y prófugos», ha afirmado SCC en un comunicado. «El chantaje del secesionismo cosecha un triunfo tras otro gracias al entreguismo de los gobiernos de España y de la Generalitat», remata.

A su juicio, la clase gobernante ha abandonado la defensa del bien común y del interés general. «Rechazamos la agenda separatista de los que consideramos gobiernos nacionalistas a la sombra» y nos «declaramos contrarios a la cesión a la Generalitat de competencias reservadas al Estado, como el control de la inmigración y la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos», señala.

La entidad antiindependentista ha mostrado su oposición a una «financiación privilegiada y singular para Cataluña a costa del resto de las comunidades«. »Defendemos la caja única y rehusamos la plena soberanía fiscal y el desarrollo de una hacienda catalana que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos. Sería, de facto, una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, obviando que la soberanía nacional reside en el pueblo español«, concluye.

El Govern catalán, mientras, ha entrado este martes en el cuerpo a cuerpo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuenta de la decisión del Gobierno de condonar una parte de la deuda de las comunidades autónomas. Isabel Díaz Ayuso afirmó ayer que la quita a las autonomías es un «trágala inasumible» que el Ejecutivo central quiere «impone a punta de pistola». El consejero catalán de la Presidencia, Antoni Dalmau, ha arremetido contra la presidenta madrileña: sus palabras «son de una profunda insolidaridad con el resto de territorios de España», ha asegurado en Catalunya Ràdio. «También con muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular», ha aseverado.

Los líderes del PP han salido en tromba contra la quita de la deuda autonómica. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado a sus barones que voten en contra del «pago a los independentistas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles. De los 83.000 millones de condonación de la deuda de todas las autonomías, el Gobierno plantea una quita de 18.000 millones a Andalucía, 17.000 millones a Cataluña y 11.000 a la Comunidad Valenciana, entre otros.

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, cree que el PP se puede permitir criticar la decisión del Gobierno, pactada con los republicanos, porque en cualquier caso será aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que el Ejecutivo central suma la mitad de los votos y le basta con que una autonomía vote a favor (Cataluña) para que la medida salga adelante. «Para el Partido Popular es muy fácil hacer declaraciones altisonantes porque sabe que se aprobará igualmente este miércoles. Se puede permitir el lujo de decir que está en contra porque sabe que se va a aprobar y se va a beneficiar igualmente», ha asegurado Junqueras en RNE. En el PP, se aprovechan doblemente, según el líder de ERC: por la medida en sí, que condona deuda a las autonomías, y porque el PP puede seguir arremetiendo contra el Gobierno y contra los independentistas.

El presidente de ERC ha vuelto a presionar al Gobierno con la celebración de un referéndum, reclamación a la que no renuncia. «Estamos predispuestos a intentar negociar de qué modo se puede hacer de la mejor manera posible», ha señalado. Junqueras niega que el independentismo esté a la baja, como señalan las encuestas y los últimos resultados electorales. «Es muy fácil, convocamos un referéndum y lo comprobamos», ha retado. «Nosotros somos demócratas y, por lo tanto, queremos que la ciudadanía decida con sus votos sobre todas las cuestiones, si es posible, especialmente sobre cuestiones relevantes», ha rematado.

Mientras, ha advertido al Gobierno de que el pacto sobre el FLA no acerca a ERC a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Para los de 2025, ERC se niega a sentarse a hablar. Para los de 2026, dependerá de la carpeta de la financiación singular.