Junts se alía con el PSOE y el PP para tramitar una ley para desalojar okupas en 48 horas

El apoyo del PSOE a la iniciativa de Junts se ha producido solo unas horas después de que ambos partidos pactaran el reparto de migrantes menores no acompañados asignados a Cataluña, en una cifra muy inferior a la Comunidad de Madrid. Han votado a favor de la toma en consideración PP, PSOE, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria. En contra, Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG. 300 votos contra 44.

«La presente iniciativa tiene como objetivo principal dotar a los tribunales y operadores jurídicos de mejores herramientas legales para que puedan tramitar los procesos de desocupación y lanzamiento de inmuebles ocupados ilegalmente de una manera más eficaz y rápida», según la propuesta de Junts.

Los postconvergentes plantean una docena de cambios legales. En el ámbito penal, los de Puigdemont impulsan varias reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, que obliguen a los jueces a ordenar el desalojo inmediato si los okupas «no acreditan que tienen un título legítimo» ya sea un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad.

Junts lanza un ofensiva antiokupas, en paralelo a otras iniciativas similares en el Congreso. El PP impulsó su propia ley a través del Senado, pero sigue a la espera de que la Mesa del Congreso permita su tramitación. La diputada Cristina Agüera ha criticado que Pedro Sánchez y Francina Armengol tengan «bloqueada» la iniciativa de los populares. «En ningún otro país de Europa sucede que unos okupas entren en una vivienda que no es suya y pasen a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios», ha afirmado.

En el caso del PNV introdujo enmiendas sobre esta cuestión en la llamada ley Bolaños de medidas para la justicia para modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Los jeltzales y Coalición Canaria ven la propuesta de Junts como una oportunidad para «revisar el ordenamiento jurídico» actual. El PSOE también ha admitido que el marco legal «es susceptible de mejora», aunque ha negado que la situación sea de alarma como sostienen en la derecha.

En el ámbito de la seguridad, Junts tiene sobre la mesa otra reforma legal, en esta caso una ley contra la multirreincidencia, que también confía en aprobar con el PP y PSOE. La ley, que pena con tres años de cárcel el robo de un móvil, por ejemplo, superó el primer debate en septiembre y podría aprobarse antes de las vacaciones de verano, según los cálculos de los postconvergentes.