Junts impone al PSOE la amnistía y negociar el referéndum y la cesión del 100% de los impuestos

El acuerdo deja por escrito las «profundas discrepancias» entre los dos firmantes respecto al 'procés'. Junts sigue considerando «legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017». Dicho de otra forma, deja claro que no renuncia a la unilateralidad. Por el otro lado, el PSOE afirma que «niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral». Ambas fuerzas asumen que «se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones».

Al igual que en el acuerdo con ERC, y siendo el elemento central de toda la negociación, el pacto con Junts también recoge la aprobación de una ley de amnistía «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». En concreto, el documento asegura que se verán beneficiados de esta medida de gracia «tanto los responsables como los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 (la del 9-N) y del referéndum de 2017 (el del 1-O), han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».

Además de los actos directamente relacionados con el 'procés', como la organización del referéndum ilegal y las protestas posteriores, el PSOE se abre a incorporar a la amnistía los casos de 'lawfare' ('guerra legal') tras analizarlos en comisiones de investigación que se constituirán en el Congreso en esta nueva legislatura. Las conclusiones de esos órganos «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o 'judicialización de la política', con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Socialistas y posconvergentes acuerdan constituir una mesa de negociación que se reunirá por primera vez este mismo mes de noviembre. En la metodología de cara a ese diálogo, se incorpora «un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue». Hay que recordar que la exigencia de un 'relator' por parte del independentismo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Sánchez en 2019 y derivó en unas elecciones generales.

El reconocimiento de Cataluña como nación sera uno de los dos principales temas que se abordarán en esa mesa de negociación. En este apartado, Junts se compromete a impulsar la celebración de un «referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución». El PSOE, por el contrario, dice que defenderá «el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006 –previo al recorte del Tribunal Constitucional–, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña».

El otro gran apartado de esa negociación será el relativo a la fiscalidad. Aquí Junts propondrá reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para incorporar una cláusula de excepción «que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite el 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña». En cambio, el PSOE dice que apostará por medidas que «permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación». Ambos quieren impulsar, además, un plan para promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación como reacción al 'procés'.

El pacto compromete a los siete diputados de Junts en el Congreso a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que se celebrará la próxima semana. Pero más allá de eso, la formación posconvergente también se compromete a aportar «estabilidad a la legislatura». Eso sí, esa contribución está «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones» sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la cesión de los impuestos.