Lesmes firmó otro convenio con Cunef para hacer prácticas en los juzgados

El convenio permitía que los alumnos de esta escuela de la Fundación Española de la Banca -en la picota por la reciente resolución del Supremo sobre el impuesto hipotecario, cuya gestión ha provocado una grave crisis institucional -ampliaran sus actividades docentes en órganos judiciales.

El deseo, según el documento de diez páginas al que ha tenido acceso este periódico, «es que puede resultar de gran interés para la formación de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma».

El caso concreto de este convenio, que «se ajusta» al modelo aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ en abril de 2014, bajo la presidencia ya de Lesmes, implica a los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.

Por este motivo, la firma se hizo a cuatro bandas con el ministro de Justicia por aquel entonces, el popular Rafael Catalá, y el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid Salvador Victoria, quien dimitió un año después por su investigación en la trama 'Púnica'. Por parte de Cunef rubricó el documento el hoy presidente del Consejo de Administración Álvaro Cuervo.

Entre las cláusulas pactadas por las partes destaca que las prácticas se harán en horario de mañana en los órganos judiciales elegidos según «las necesidades y disponibilidad» de cada caso. Con respecto a los requisitos exigidos, señala que el alumnado será propuesto por personal del Cunef y seleccionado por los funcionarios que ejercen la tutoría en el juzgado o tribunal correspondiente.

Los tutores son los jueces titulares y/o el letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial), quienes tendrán que fijar un plan de trabajo del alumnado, orientar sus dudas y evaluar la actividad mediante un informe.

Una de las cuestiones más sensibles del acuerdo firmado por el CGPJ, Justicia y la Cunef es el acceso de los alumnos a los procedimientos que se instruyen en los órganos judiciales. El documento recoge que el tratamiento de estos papeles «se producirá en la medida que lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando salvaguardado el deber de reserva y preservada, en todo caso, la identidad de las personas implicadas».

Y en el supuesto caso de un «incorrecto comportamiento o perturbación del normal funcionamiento del órgano judicial donde se realicen las prácticas, éstas se podrán suspender de forma inmediata».

Este convenio se firmó en 2015 y en marzo de 2017 se rubricó otro, esta vez bilateral, entre el CGPJ y el centro de estudios de la patronal bancaria, adscrito a la Universidad Complutense. Con una duración de dos años, o sea, sigue activo a día de hoy, este acuerdo va dirigido a la formación de jueces en áreas del derecho con contenido económico según las necesidades específicas en «cada momento». Por ejemplo, en marzo pasado la Cunef acogió un curso dirigido a 30 jueces sobre contratos bancarios.

En este centro dan clases o han dado clases un ramillete de altos cargos de la magistratura, entre ellos cuatro jueces de la Sala Tercera del Supremo que vio el impuesto hipotecario, como su presidente Luis María Díez-Picazo.