La 'ley Begoña' para acotar la acción popular embarranca por los socios

La norma en la que juristas ven un «traje a medida» para la mujer y el hermano de Sánchez continúa atascada

Lourdes Pérez

Domingo, 20 de abril 2025, 00:02 | Actualizado 00:32h.

En su insólita carta a la ciudadanía de hace un año, cuando extremó su inveterada capacidad política para epatar, el Pedro Sánchez hombre se ... definió a sí mismo como un marido «profundamente enamorado» de su esposa, Begoña Gómez, y a ambos, citando a Umberto Eco, como víctimas de «la máquina del fango» de la derecha y la ultraderecha. Nueve meses después, el Sánchez presidente y secretario general del PSOE llevó a su grupo parlamentario a registrar en el Congreso una reforma de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial que ha acabado denominándose, con intención, como 'ley Begoña' por la sospecha de que lo que busca, en realidad, es exonerarla 'ad hoc' de la causa por presunta corrupción que la persigue; y, por extensión, al hermano del jefe del Gobierno incurso también en otro procedimiento parejo. El cambio legislativo, como otras iniciativas de los socialistas esta legislatura, ha encallado no ya por el rechazo del PP, sino por los recelos de los aliados de Sánchez.

El partido formalizó el 10 de enero en la Cámara baja la proposición de ley orgánica de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Un enunciado elocuente para un texto legislativo que, al llevar la autoría no del Gobierno sino del grupo parlamentario, sortea los informes preceptivos del Consejo de Estado y del General del Poder Judicial; el mismo mecanismo utilizado, por ejemplo, en la amnistía a los delitos del 'procés'. La propuesta del PSOE constituye, desde su frontispicio, una asunción indirecta de la existencia del 'lawfare' –la guerra sucia judicial contra el adversario político– denunciado por la izquierda abertzale, Podemos y los independentistas catalanes.

El presidente que abrazó el término «fachosphère» acuñado en Francia frente a la ultraderecha y que llamó a combatir «la máquina del fango» con el aldabonazo de su retiro, no incorporó de forma expresa esta reforma legal en las medidas para la «regeneración democrática» desgranadas en el pleno del Congreso del 17 de julio. Y lo mollar de la misma no está tanto en su encabezamiento y lo que pretende, que pasa por acotar la acción popular ante los tribunales avalada por el artículo 125 de la Constitución para que los partidos no puedan ejercerla, no se base solo en informaciones periodísticas y se limite a participar en la formulación de querellas y en el juicio oral, excluyendo la instrucción. Lo punzante está en su disposición transitoria única, la que reza que la ley afectará «a los procesos en curso».

Traducido, un «traje a medida», denunciaron juristas según se presentó la reforma, para acabar librando a Begoña Gómez y David Sánchez de sus respectivas causas judiciales. Pero aun cuando la norma pueda terminar beneficiando también a Carles Puigdemont y, como ocurrió con las iniciativas escuetamente avanzadas en julio, los socios se plantaron ante las intenciones de Sánchez. Junts –que anunció desde el primer día una enmienda a la totalidad–, Esquerra y Podemos porque creen ventajista que el presidente mueva una ficha insuficiente, a sus ojos, solo cuando la actuación de los jueces concierne a su entorno personal. Sumar, porque se opone a restringir un «instrumento fundamental» para hacer justicia. Y el PNV, porque aunque comparte que se ponga coto a la figura, deplora la referencia de parte a los sumarios ya abiertos.