El derecho al aborto se consolida tras avalar el Constitucional la ley de Zapatero 13 años después

Pese a la búsqueda de una sentencia de consenso que limpiara en cierto modo la manchada imagen del TC, que ha tenido 13 años guardado en un cajón el recurso de inconstitucionalidad presentado por 71 diputados populares -entre ellos, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría-, el pleno de este jueves volvió a agrandar la distancia entre los magistrados de distintas sensibilidades. Lo que augura una ruptura a medio plazo sobre otros asuntos relevantes pendientes de resolver.

Tras concluir la deliberación del borrador presentado por Arnaldo -jurista de las Cortes elegido magistrado del TC en otoño de 2021 por el Grupo Parlamentario Popular-, la ponencia no obtuvo el apoyo del cónclave, por lo que su autor declinó redactar una nueva sentencia que incluyera los argumentos expuestos por la mayoría progresista. En consecuencia, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, designó como nueva ponente del recurso a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, para que proceda a elaborar una resolución favorable a la ley del aborto de 2010 que desestime el recurso del PP.

La determinación del actual Gobierno de Sánchez de salvaguardar el derecho al aborto y otras circunstancias ha hecho que el aval del TC a la ley de Zapatero, luego retocada por el Gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a que las menores que quieran interrumpir el embarazo informen a sus padres, será superada en los próximos días cuando el Congreso apruebe de forma definitiva la tramitación de la norma impulsada por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. Una legislación actualizada que eliminará esa obligación del consentimiento de los progenitores. Un caballo de batalla para el PP de Alberto Núñez Feijóo que, sin embargo, parece haber desistido de pleitear como sus predecesores. Y que ha optado por marcar distancias en este terreno sensible con respecto a Vox.

El borrador de Arnaldo rechazado por el TC tras una «intensa» deliberación del pleno, según detallan fuentes consultadas, encalló en el artículo 17 de la ley de plazos de 2010, al considerar que el hecho de informar a la mujer en un sobre cerrado no es garantía suficiente para que dé su consentimiento al aborto. Además, la ponencia puso el foco sobre dos cuestiones que Arnaldo estimaba constitucionales siempre que se interpretaran como él proponía: el aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la física o psíquica, y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

Estos argumentos fueron matizados por los magistrados del bloque progresista y Arnaldo tiró la toalla. El ponente ya intuía que sus colegas eran partidarios de antemano de declarar constitucional la ley en toda su extensión y que la búsqueda de consenso era una tarea casi inútil. En las sesiones del martes y del miércoles, antes de avalar la ley de 2010, la mayoría progresista también impuso su criterio para frenar la treta de la magistrada conservadora Concepción Espejel respecto a la 'contaminación' de algunos magistrados para ver el recurso de los populares.