El Gobierno contempla poner límite a la inviolabilidad del Rey en un pacto con el PP

Lo que está sobre la mesa –según insinuó la número dos del Ejecutivo, de acuerdo con el propio Felipe VI– no es una reforma de la Carta Magna que, por afectar a un título especialmente protegido, sería «agravada» e implicaría disolución de las Cortes y nuevas elecciones tras las que habría que ratificar el nuevo texto. Se trataría, en todo caso, de regular mediante una ley el alcance que tendría esa protección especial del jefe del Estado para ceñir su irresponsabilidad ante la justicia a las actuaciones vinculadas con su cargo y no a asuntos relativos a su vida privada.

Calvo dejó claro que no será un asunto que se plantee de manera inminente, a pesar de que en la Moncloa se lleva meses trabajando con la idea de «adaptar» la Monarquía a «la España del siglo XXI», como también apuntó Pedro Sánchez en su comparecencia de fin de año en la Moncloa. La cuestión es delicada y puede abarcar otras muchas cuestiones pero exige el entendimiento de los dos partidos mayoritarios.

Lo que sí dio por hecho la vicepresidenta en una entrevista en TVE es que esta operación tendrá que hacerla a espaldas de su socio de colación y de buena parte de las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez hace un año.

La posición de Unidas Podemos y el PSOE respecto a la Corona siempre ha sido muy distinta pero ahora los ánimos están especialmente enconados, como se puso de manifiesto este miércoles después de que el PSOE vetara, junto al PP y Vox, en la Mesa del Congreso que el Parlamento investigue el uso de tarjetas bancarias opacas al fisco por parte de don Juan Carlos, como reclamaban sus socios junto a ERC, Bildu, Más País, Compromís, la CUP y BNG

La negativa socialista no fue ninguna sorpresa, pero el hecho de que, por primera vez, los letrados de la Cámara baja avalaran el martes la posibilidad de crear una comisión de investigación para hurgar en uno de los casos que salpican al anterior monarca dio aún más alas a los reproches de los aliados políticos de Sánchez.

El principal partido del Ejecutivo se había amparado hasta en media docena de veces desde 2018 en que, haciendo una lectura extensiva del artículo 65 de la Constitución, los servicios jurídicos de la Cámara consideraban que la Casa del Rey no está sujeta a control parlamentario y que eso afectaba también a don Juan Carlos. En otros casos, los letrados apelaron al artículo que establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Esta vez no cabía referencia alguna a la inviolabilidad porque lo que se pretendía escrutar eran hechos posteriores a 2014, cuando don Juan Carlos ya había abdicado. El PSOE, no obstante, insistió este miércoles en que la jurisprudencia del Constitucional es clara sobre la nula capacidad del Parlamento de fiscalizar a la Jefatura del Estado. Y Calvo añadió que, aunque «no son buenas noticias lo que llega de las actuaciones» del anterior monarca, deben dirimirse es en los tribunales .

Más que cuestiones jurídicas, tras la decisión de los socialistas hay, sin embargo, razones políticas y, sobre todo, institucionales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo explicitó en Onda Cero, donde se mostró convencida de que, pese a ceñirse a un asunto muy concreto, la propuesta de Podemos busca verdaderamente «cuestionar» la Monarquía. «Y cuestionar las instituciones –dijo– no es bueno en una democracia».

Sus palabras fueron replicadas con aspereza por la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Bellara. «Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones. Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante», dijo. Llueve sobre mojado porque ya en noviembre, Belarra acusó a Robles de ser «la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con VOX».

ERC se sumó y reclamó la presencia en el Congreso de la vicepresidenta para que dé cuenta de las actuaciones del Gobierno en relación al exmonarca. Y EH-Bildu acusó al PSOE de defender la «impunidad para unos, mientras se juzga y condena a quienes se atreven a disentir».