La Moncloa enmarca en la libertad de expresión el choque de Iglesias y los jueces

Las críticas de Pablo Iglesias a la sentencia y a la judicatura así como la respuesta del órgano de gobierno de los jueces «se enmarcan en la libertad de expresión» de ambas partes, afirmó este viernes la ministra portavoz. La misma respuesta que dio hace tres meses, cuando Iglesias también mantuvo una polémica con el Poder Judicial por el papel de los tribunales españoles en los procesos judiciales europeos sobre asuntos relacionados con el reto separatista en Cataluña.

El Gobierno se niega a hablar de una «escalada» en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por este incidente. El vicepresidente y líder de Podemos tachó de injusta la sentencia y denunció que los jueces actúan con dos varas de medir cuando los acusados lo son por corrupción y cuando lo son participar en protestas sociales. Su partido, además, emitió un comunicado en el que acusó a la judicatura de estar al servicio «de la derecha». El Consejo General del Poder Judicial denunció en su respuesta que Iglesias propaló «una sospecha inaceptable» sobre la imparcialidad e independencia de los jueces.

Montero, que en ningún momento hizo suyas las críticas del vicepresidente segundo, tiró de manual y señaló que el Gobierno guarda «un absoluto respeto» a la división de poderes y mostró «un respeto absoluto» por la sentencia. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, fue condenada a 19 meses de cárcel por enfrentarse a la Policía durante un desahucio.

El Consejo General del Poder Judicial no ahondó este viernes en la polémica, aunque la vocal Concepción Sáez, designada a instancia de Izquierda Unida, mostró este viernes mismo su desacuerdo con el comunicado de su institución, tanto en el fondo, porque supone «injerencia institucional injustificable», como en las formas, porque se redactó «con una contundencia y una severidad dignas de mejores causas».

Podemos, a diferencia del Consejo, no cejó. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, señaló que «lo que deteriora» la imagen de los jueces no son las críticas a su labor, lo que hace daño a su reputación social «son las sentencias dictadas sin pruebas materiales», que es, a su juicio, lo que ocurrió con la diputada morada en su proceso. Aunque también rebajó el tono y reclamó no hacer un mundo de la polémica porque en un sistema democrático es «legítimo» que los representantes de los poderes del Estado emitan sus opiniones dispares sin que ello tenga que desencadenar un conflicto institucional.