Muere el ex fiscal general del Estado Jesús Cardenal

«La Fiscalía General desea transmitir su más sentido pésame a la familia por esta pérdida en nombre de todo el Ministerio Público, al que dedicó toda su carrera profesional durante más de cuarenta años», señala en un comunicado en el que recuerda la trayectoria de Cardenal. Antes de llegar al cargo, Cardenal fue fiscal de la Audiencia Provincial de Vizcaya y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Desde la Fiscalía General del Estado defendió en 1998 oponerse a la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet formulada por el juez Baltasar Garzón y en 2002 interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna.

Nacido en Pesquera de Duero (Valladolid) el 20 de febrero de 1930, Cardenal cursó estudios religiosos antes de realizar la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid y después se doctoró en la Universidad de Navarra. Ingresó en la carrera fiscal en 1958 y dos años después comenzó a trabajar en la entonces Audiencia Provincial de Bilbao, ciudad en la que permaneció 37 años.

Durante su última etapa en el País Vasco tramitó, casi siempre a instancias del fiscal general del Estado, numerosas querellas contra miembros de Herri Batasuna y dirigentes de la coordinadora abertzale KAS por amenazas o injurias a periodistas, policías y jueces.

Fue nombrado fiscal general del Estado el 19 mayo 1997 y, en el informe preceptivo previo a su designación, el Consejo General del Poder Judicial lo calificaba de «jurista de prestigio», pero expresaba también su preocupación por las «manifestaciones» hechas por el candidato no acordes con la Constitución.

En aquel informe, aprobado por unanimidad, el órgano de gobierno de los jueces tuvo en cuenta la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, en la que Cardenal criticó el «clima de pluralismo» existente en España y «la mediocridad ética de nuestra sociedad». Se había mostrado, además, contrario al divorcio, al aborto, el reconocimiento de las parejas homosexuales y «la protección oficial a la difusión de anticonceptivos».

Poco después de llegar a la Fiscalía General del Estado protagonizó una de las primeras decisiones polémicas de su mandato, al proponer a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional con la opinión en contra del Consejo Fiscal. Tras la detención de Augusto Pinochet en el Reino Unido, afirmó en noviembre de 1998 tener la «absoluta» tranquilidad de que la Fiscalía actuó «con arreglo a derecho» al informar contra la petición de extradición del general formulada por Garzón.

En 1999 testificó ante el Tribunal Supremo que el juez Javier Gómez de Liaño, procesado por su actuación en el caso Sogecable, no había prevaricado durante la instrucción del sumario. En base a la Ley de Partidos y como máximo representante de la Fiscalía, interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna en octubre de 2002. Cardenal, que estaba casado y tuvo seis hijos, fue cesado tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004 y sustituido por el nuevo Gobierno por Cándido Conde-Pumpido. Tras su jubilación se dedicó al ejercicio de la abogacía.