Ayuso va a otro choque con el Gobierno por el golpe con una cámara sufrido por su novio

Al final, a la quinta fue la vencida, pero no del todo y además acabó con una nueva bronca institucional. Alberto González Amador se acogió a su derecho a no declarar, pero sí que se personó ante el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid rodeado de una enorme expectación mediática, en la que fue zarandeado y en la que sufrió el citado golpe a la salida, lo que desató el enfado de la jefa del Gobierno regional y, a la sazón, su novia. Fue en ese contexto en el que Ayuso culpó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Madrid, con quien mantiene habituales encontronazos, de no haber dispuesto un despliegue de seguridad similar al que ha acompañado las comparecencias de la mujer y el hermano de Sánchez, quienes además entraron al juzgado por el parking.

«Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos», se congratuló Ayuso por comparación con los familiares del presidente, antes de denunciar que su novio había «sido agredido por un cámara». «No se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto», acusó.

«Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?», se preguntó la jefa del Ejecutivo autonómico.

En el plano estrictamente judicial y ya en el interior de los juzgado, la defensa del empresario pidió suspender esta quinta cita a la espera de conocer si se amplían las acusaciones contra él en este procedimiento. Al negarse la jueza Inmaculada Iglesias a conceder un nuevo aplazamiento, finalmente González Amador optó por acogerse a su derecho a no declarar y guardó silencio.

Su abogado, que denunció que una declaración ahora sin conocer el alcance de todos los cargos habría supuesto una «vulneración del derecho de defensa», garantizó, no obstante, que su cliente comparecerá de forma voluntaria en cuanto la Audiencia Provincial falle si confirma las imputaciones también por administración desleal y corrupción en los negocios. Se trata de dos ilícitos nuevos de carácter estrictamente penal, sin relación con los delitos contra la Hacienda Pública.

En este procedimiento, que está en el origen del encausamiento paralelo del fiscal general del Estado ante el Supremo, González Amador estaba llamado este lunes a responder de dos delitos de defraudación tributaria por valor de más de 350.000 euros, relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

Según la denuncia que la Fiscalía de Madrid presentó en el juzgado el 5 de marzo de 2014 y en la que se recogían las conclusiones de dos años de investigación de la Agencia Tributaria, González Amador cometió dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. Hacienda sostiene que las compañías del empresario presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones.

Ayer, el imputado decidió guardar silencio hasta que la Audiencia madrileña zanje si avala o frena la decisión de octubre de la magistrada Iglesias de abrir una pieza separada para investigar al empresario también por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La jueza le imputa el presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, para quien González Amador trabajó durante años ofreciendo asesoría sanitaria.