Jueces y fiscales en huelga: sin derecho a parar y sin cobrar

Fuente del Ministerio de Justicia y del Consejo General de Poder Judicial -órgano de gobierno de los jueces- afirman que existe un «vacío legal» por el que no es posible responder a la pregunta de ssi pueden o no ir a la huelga los jueces. «No es perseguible desde el punto de vista disciplinario», advierte Susana Nieves Colli, directora adjunta de Comunicación en CGPJ.

Esta última huelga convocada por siete organizaciones profesionales (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) ha abierto un debate sobre el derecho a la huelga que tienen y que actualmente se mantiene en un limbo legal.

Las partes implicadas reconocen que no está regulado y no todos actuarán por igual. Así, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a fijar servicios mínimos al no estar desarrollado normativamente este derecho, la Fiscalía General del Estado asegurará que las actuaciones que resulta urgentes estén totalmente cubiertas, y el Ministerio de Justicia anuncia que descontará el día de su sueldo a los que secunden la huelga, algo de lo que no había precedentes en las dos anteriores ocasiones.

La intención de detraer de las nóminas la jornada de paro es para que se asemejen al resto de trabajadores que deciden acogerse a su derecho a huelga, según el Ministerio de Justicia. Esto marcaría un precedente importante ya que en anteriores ocasiones, la última, el pasado 22 de mayo con Rafael Catalá al frente, Justicia no detrajo de las nóminas ni un euro a quienes optaron por secundar el paro (el 65% de los jueces y el 52% de los fiscales en la cita de mayo, según los datos del comité de huelga) porque consideraba que lo contrario sería un reconocimiento implícito de este derecho.

Así pues, aunque este derecho no está regulado, el Departamento que ahora dirige Dolores Delgado recogerá información sobre quienes hayan anunciado su intención de secundar el paro para descontarles el día de su sueldo. Para ello, necesita la ayuda del órgano de los jueces, todavía presidido por Carlos Lesmes, y de la Fiscalía General del Estado, con María José Segarra al mando.

Hasta el momento las asociaciones tienen datos provisionales del seguimiento de la huelga, ya que el sistema de recuento se ha colapsado. Según han informado, cerca de las 14.00 horas, 2.354 jueces y 952 fiscales han comunicado su participación. Cifras que son similares a las registradas hace seis meses en la misma franja horaria, por lo que entienden que al final del día los datos serán los mismos: casi 3.000 jueces y más de 1.200 fiscales.

Según han informado fuentes jurídicas, de los 87 jueces que trabajan en la Audiencia Nacional solo seis han secundado la huelga: el magistrado de la Sala de Apelaciones Eloy Velasco y otros cinco de la Sala Contencioso-Administrativo. En cuanto al Tribunal Supremo, de 77 magistrados, seis han comunicado su participación en el paro laboral: Pedro José Vela y Rafael Salazar, de la Sala de lo Civil; Francisco Monterde, de lo Penal; y Sebastián Moralo, María Lourdes Arastey y José Manuel López García de la Serrana, de la Sala de lo Social.

Aún así una treintena de magistrados han mostrado su apoyo a esta huelga en un manifiesto, al igual que lo han hecho los presidente de los Tribunales Superiores de Justicia que han recordado que no pueden sumarse a la movilización porque su «posición institucional» como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma se lo impide.

El principio de reconocimiento de Justicia deja sin resolver otra cuestión clave de cualquier convocatoria de huelga: Los servicios mínimos. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el caso de los jueces; ni la Fiscalía General del Estado (FGE), en el de los fiscales; han aceptado fijarlos a pesar de la petición expresa del Ministerio de Justicia. Así que, como en convocatorias anteriores, será el propio comité de huelga el que los determine. «Los asuntos urgentes y que afecten a derechos fundamentales de los ciudadanos serán tramitados», explica González Vega.

La convocatoria de huelga llega en un momento de crisis para la Justicia, con la reputación del Tribunal Supremo tocada por el pago del impuesto hipotecario -en el que se dio la razón a la banca en detrimento de los clientes- y un agrio debate abierto sobre la politización de la elección de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el 'cambio de cromos' de PSOE y PP en el que pactaron un presidente - el magistrado del alto tribunal Manuel Marchena - antes de que los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueves lo designe en un pleno, tal y como marca la norma.

Otras reclamaciones de jueces y fiscales, como recuperar el poder adquisitivo perdido durante los recortes y reformas, que se reduzca su carga de trabajo o se modernice el sistema y se les dote de mejores medios materiales para hacer su trabajo, vienen de varios años atrás.