La UCO revela que el fiscal general hizo un «borrado intencionado» de su móvil tras abrirle causa el Supremo

Así consta en un informe de 22 páginas y diversos anexos remitido el pasado 7 de febrero al juez Ángel Hurtado, instructor de la causa por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz y otros dos fiscales más. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que ese «borrado o vaciado» de datos fue «intencionado», no casual ni accidental, y que en su terminal móvil no hay ningún mensaje anterior al 16 de octubre. En detalle, se eliminaron todos y cada unos los mensajes de los 1.502 contactos que tenía en esa popular aplicación tras elegir la opción de «vaciar todos los chats».

Además, los técnicos del instituto armado certifican que el investigado ha cancelado recientemente la cuenta de Gmail en la que pidió a sus subordinados el 13 de marzo de 2024, la noche en la que se habría producido la filtración, que le remitieran copia del mail que se intercambiaron el letrado de Alberto González Amador y el fiscal de su caso, Julián Salto. Esa cuenta de Google ha sido «recientemente» eliminada de manera «deliberada», zanjan los investigadores en su informe técnico remitido al juez, que también destaca que el imputado igualmente ha destruido todas las copias de seguridad en Google Drive.

Sobre esa noche del 13 de marzo y la vorágine de intercambio de mensajes y correos que tuvo lugar para desmentir el «bulo» de que la Fiscalía había frustrado un supuesto pacto con González Amador, el informe también apunta a que García Ortiz no habló con nadie ajeno al Ministerio Público en esos momentos claves en los que se habría producido la filtración del famoso mail. Es decir, que la revelación de secretos, en caso de haber sido obra del fiscal general, no se produjo de forma verbal.

La UCO afirma que solo un periodista llamó al fiscal general, pero que éste no le cogió porque estaba a su vez con otra llamada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, igualmente investigada en este procedimiento. Esa llamada es de un periodista de la Cadena Ser y se produjo nueve minutos después de que se publicara la información difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, sobre las supuestas maniobras para vetar el acuerdo con la pareja de la presidenta madrileña y 20 minutos antes de que García Ortiz tuviera en su poder el correo del letrado de González Amador.

«No existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal, a excepción de esta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde/noche en la que se desarrollan estos acontecimientos», explica el informe de la UCO, cuyos técnicos de la unidad de cibercrimen recogen que García Ortiz mantuvo un total de 27 llamadas en las cuatro horas claves de la presunta revelación de secretos y que duplicó su tráfico de voz (mensajes de audio) entre las 20:00 horas y las 23:59 del 13 de marzo pasado.

Este atestado conocido este lunes es la respuesta a la orden del instructor Hurtado, quien reclamó información a las operadoras Movistar y Vodafone sobre el tráfico de las llamadas que García Ortiz envió y recibió entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se centra la investigación, así como los titulares de las líneas con las que éste se pudo comunicar. El juez también dispuso que las operadores aportasen los paquetes de datos emitidos y recibidos en ese intervalo temporal.

Este informe completa otro atestado de la Guardia Civil realizado a raíz de que García Ortiz entregara el 30 de octubre, durante el registro judicial de su despacho, un teléfono Samsung Galaxy modelo A54 5G, que no era el que éste usaba entre el 8 y 14 de marzo pasado. En ese móvil tenía dos líneas: una propia a su nombre con Movistar y otra oficial de Vodafone, a nombre de la Dirección de General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda.

El único dato que la UCO pudo arrancar entonces de ese móvil y de los duplicados de las tarjetas es que comenzaron a operar el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo encausara a García Ortiz y siete días antes de que la UCO allanara su despacho. En su declaración ante el juez Hurtado el pasado 29 de enero, éste insistió en que no ha tratado de destruir pruebas. «Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera regular. Son datos ultrasensibles. No puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga», añadió a preguntas de la Abogacía del Estado, que ejerce en este proceso como su defensa.

«Borro todo, pero no sólo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. No lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y lo dice la ley de protección de datos española», explicó entonces García Ortiz.