Sánchez gana oxígeno para avanzar en la legislatura con el apoyo de Podemos a su reforma fiscal

Al final, la ley ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria; mientras que PP, Vox y UPN han votado en contra. El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora integrado en el Grupo Mixto, no ha acudido a las votaciones.

La solución acordada no dista mucho de la que ya el lunes alcanzó el PSOE con ERC, Bildu y BNG para tratar de sortear los vetos cruzados entre sus aliados en la larguísima y agitada comisión de Hacienda que distintos grupos calificaron hoy de «esperpéntica». Entonces los socialistas, angustiados ante la posibilidad de una derrota severa, se comprometieron a plantear, vía real decreto ley, la prórroga de un año del impuesto extraordinario a las energéticas, vigente hasta el 31 de diciembre, y a la que el Ejecutivo había renunciado en la negociación con Junts. Una salida tildada de «papel mojado» por los morados porque no comprometía a los posconvergentes, sin los que ese real decreto ley no podría prosperar.

Belarra argumentó hoy que ahora su formación sí tiene la «garantía» de que «va a haber impuesto y se va a negociar por parte de los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y democrática» en una comisión negociadora. «Ese es -afirmó- el compromiso del Gobierno, que ha hablado con todos los grupos». Según el acuerdo -sellado esta misma mañana en una negociación en la que, además de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha implicado también en los últimos días el ministro de Presidencia, Félix Bolaños-, si el consenso para aprobar una nueva ley no se logra antes del 31 de diciembre, el Gobierno recurrirá a esa otra prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025 vía real decreto ley. Pero qué harán Junts y PNV no está claro.

La portavoz del partido de Carles Puigdemont en la Cámara baja, Míriam Nogueras, remarcó tras conocerse el pacto salvador de última hora que la reforma fiscal que sale del Congreso no contempla un impuesto a las energéticas; impuesto que su partido ha rechazado hasta ahora con el argumento de pondría en riesgo una inversión millonaria de Repsol en Tarragona. «El resto de acuerdos anunciados hoy cuando lleguen, si es que llegan -añadió-, los valoraremos». «El PNV verá cuando se cree esa comisión negociadora que al parecer han pactado PSOE y Podemos -dijo por su parte esta formación- cuál es la posición que fija en base a la propuesta impositiva que se haga y a la posterior negociación».

En los últimos días, el Ejecutivo venía afirmando que hacer compatible la exigencia de unos y otros aliados, ideológicamente antagónicos, respecto a este tributo concreto, convertido en el asunto mollar de su reforma por su capacidad recaudatoria, era posible. La clave estaría, según ese planteamiento, en aceptar que haya desgravaciones para aquellas empresas que inviertan en descarbonización (algo que hacen todas las grandes energéticas). Pero que pueda alcanzarse un equilibrio válido para todos está por ver.

De momento, en todo caso, el Ejecutivo ha salvado un nuevo partido. Y no uno más. Un fracaso en esta votación habría supuesto que la aprobación de los Presupuestos y la propia legislatura se le pusiera muy cuesta arriba a Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo, exhibió de hecho su alivio a la salida del pleno y como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sufrido mucho desgaste en las negociaciones, agradeció que finalmente se haya puesto fin a unas semanas de extrema tensión. "Hoy, por desgracia, después de lo que ha sucedido en Valencia con la DANA, somos muy conscientes de lo importante que es tener unos servicios públicos fuertes", argumentó. «Para poder llegar a acuerdos –reflexionó, por su parte, Montero– a veces tenemos que abandonar nuestras posiciones de máximos».

Ha habido, efectivamente, muchas renuncias. Para intentar aprobar la reforma fiscal comprometida con Bruselas con una mayoría tan heterogénea como la que apoyó la investidura, el Gobierno decidió aprovechar una norma en tramitación que contaba, ya de partida, con unanimidad absoluta: la trasposición de una directiva europea para imponer un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales. Y de ahí trató colgar, en primer lugar, la consolidación del impuesto transitorio a las energéticas y del gravamen a la banca, ambos aprobados hace dos años en plena crisis inflacionaria, pero a continuación algunos más.

El impuesto a la banca, que se cayó en el debate en Comisión, sí salió finalmente adelante este jueves como prestación patrimonial a un impuesto, lo que supone que podrá ser gestionado por las haciendas forales, y su recaudación, en virtud de un acuerdo suscrito con Junts, se distribuirá al resto de autonomías, de régimen común, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), un asunto algo polémico. Pero no habrá, como pactaron los dos partidos del Gobierno ni un aumento de la fiscalidad al diésel ni a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión inmobiliaria, ‘socimis’, ni a las primas de los seguros sanitarios privados ni un IVA del 21% para los pisos turísticos.