Así es el sistema de escuchas ambientales sin control judicial efectivo que usan Policía y Guardia Civil

La presencia de Egobox en el juicio de la 'operación Mito', que concluyó la semana pasada en la Audiencia Nacional y en el que fueron juzgados José Ramón Prado Bugallo, alias 'Sito Miñanco', o Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha evidenciado los «agujeros legales» de este sistema de interceptación de sonido y geolocalización, según sostienen las defensas. Un dispositivo que fue colocado por policías en el salón y la cocina del chalet de Pontevedra propiedad del histórico narco y que permitió atribuirle el intento de introducir un buque en España con casi cuatro toneladas de cocaína en octubre de 2017.

Vendido en exclusiva por la empresa Fortier Europe, con sede comercial en Boadilla del Monte (Madrid), el funcionamiento de Egobox se resume así: un sistema de microfonía (dispositivo emisor que ha sido previamente instalado bajo orden judicial) se activa cuando detecta una conversación o un sonido ambiental. Entonces, realiza una llamada a un teléfono móvil (receptor) el cual está acoplado a una grabadora (sistema de grabación).

Estos tres ciclos de generación de contenidos producen sus respectivas evidencias digitales. Sin embargo, no existe reporte sobre la efectividad de la cadena de custodia ni capacidad para seguir su trazabilidad a través del llamado 'hash', una especie de dni tecnológico que daría veracidad al proceso completo de obtención de pruebas. «No se puede garantizar los principios de autenticidad, conservación e inalterabilidad y no cumple con los preceptos garantistas en lo que se ampara un sistema como Sitel, cuya información viaja a través de línea telefónica, ya que Egobox lo hace mediante paquetes de datos por la web», concluye el informe del profesor Javier Martín, integrante del Laboratorio Pericial Forense de Alicante, que fue expuesto en el juicio por la defensa de 'Sito Miñanco', ejercida por el abogado penalista Jacobo Teijelo.

El documento de 73 páginas detalla que todos estos archivos generados por Egobox son editables, es decir, se pueden modificar «fácilmente» parámetros relativos a la fecha, hora y posicionamiento de la evidencia digital o incluso el propio audio. Y en el caso concreto de la vivienda de Vilagarcía de Arousa de 'Sito Miñanco', pese a que el juzgado acotó su activación a la presencia de cuatro investigados en el salón y la cocina, el dispositivo se encendió de forma «automática y no supervisada». En total, registró 2.266 sonorizaciones y solo 635 se clasificaron como conversaciones, por lo que el resto, 1.631, evidenció que estuvo permanente activado y grabó cualquier evento sonoro, según los informes policiales del sumario.

Durante el juicio compareció como perito el inspector jefe de la Udyco Central, la brigada de estupefacientes. Es el responsable del grupo de audio de la Unidad de Sistemas Especiales. El policía trató de defender la legalidad de Egobox, pero a la pregunta concreta de si los archivos que genera son editables contestó que «se pueden cortar y pegar», aunque inmediatamente después defendió que el proceso de certificación de firma detectaría que ha sido modificado. También comentó que el sistema funciona de dos modos, tanto de manera dirigida como discrecional.

En ese momento de la vista, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, interrumpió su interrogatorio y, ante las dudas generadas sobre su control judicial efectivo, decidió suspender la sesión. Mandó de inmediato al letrado judicial a dependencias policiales para cotejar el servidor original de estos archivos generados por Egobox, pero los mismos ya habían sido traspasados a discos duros (DVD u otros formatos similares) para su entrega previa al juzgado de instrucción. La diligencia, por lo tanto, no resultó positiva y en su segunda comparecencia un día después el inspector jefe de la Udyco Central matizó al tribunal que el programa de grabación ambiental solo podía ser activado por los agentes con el receptor (teléfono móvil) como si fuera un mando distancia.

Ante estas revelaciones, Junts emprendió una ofensiva parlamentaria para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diera cuenta en el Congreso sobre el uso de Egobox por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En sus ocho preguntas pidieron explicaciones sobre la adquisición, la regulación, el control del sistema y las garantías para evitar un uso «abusivo».

Denunciaron además que el empleo de tecnologías de vigilancia es «especialmente preocupante» cuando se utilizan con «finalidades políticas», como ha puesto de manifiesto la «persecución contra el independentismo catalán», incluido el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, juzgado en la 'operación Mito' y a quien la Fiscalía reclama nueve años y nueve meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La respuesta de Interior, a la que ha tenido acceso este periódico, llegó el pasado 18 de marzo. Incluía el abono en los últimos años de unos 10,5 millones por este programa italiano y sus actualizaciones. Recuerda el ministerio que su utilización requiere siempre la autorización judicial y detalla que en ningún caso permite la manipulación del archivo de audio generado, ya que produce un código único que permite su verificación y trazabilidad. Sin embargo, esta contestación oficial no casa con los informes periciales presentados en el juicio por la 'operación Mito' o la primera respuesta que dio en su declaración del máximo responsable policial del sistema de escuchas, cuando admitió que se pueden «cortar y pegar» las archivos de grabación.