Policías y guardias civiles bajo acoso: 107 incidentes en trece días

Los policías y guardias civiles destinados en Cataluña y los agentes enviados al despliegue para frenar el referéndum están siendo sometidos a una enorme operación de hostigamiento sin precedentes en su envergadura. Según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso este periódico, solo desde el 20 de septiembre hasta el 2 de octubre, las fuerzas de Seguridad han sufrido 107 incidentes en Cataluña. Los efectivos de la Guardia Civil han sido víctimas de 82 de estas acciones de acoso, mientras que la Policía Nacional ha sido el objetivo del hostigamiento en 25 ocasiones.

El listado de sendos informes remitidos a Interior es exhaustivo. En el caso de la Policía ha habido acoso, entre otras localidades, en Barcelona, Reus, Manresa, Vic, Sant Andreu, Viladecans, Tarragona, Calella, Pineda de Mar, Gerona, Figueras, Sant Feliu de Geuixols, Lérida, Rubí, Tarrasa y Vilanova i La Geltrú.

El listado de los incidentes a la Guardia Civil es mucho más extenso. Solo en la provincia de Barcelona, a modo de ejemplo salpica a localidades como la capital, Vic, Berga, Manresa, Igualada, Martorell, San Andrés de la Barca, Villanova de la Gertrú, Canovelles, San Pablo, Gavá o la Calella.

Los acosos recogidos en los informes son de todo tipo: concentraciones frente a intalaciones policiales, pintadas amenazantes, lanzamientos de artefactos incendiarios a los cuarteles, difusión de vídeos sobre agentes, «marcación de vehículos» policiales en medios de comunicación, publicación en redes sociales de identidades de funcionarios destinados en Cataluña, amenazas de muerte desde coches, marchas de bomberos grabando a guardias civiles, lanzamiento de huevos, prohibición de entrada a gimnasios o comercios o los ya famosos escraches a los hoteles que alojan a los policías.

Y ante esta situación límite, ni un paso atrás. Y menos ahora. La orden fue directa de Mariano Rajoy a las 11.00 horas cuando las fuerzas de seguridad estaban enfrentándose simultáneamente a una docena de escraches en las cuatro provincias. Los policías y guardias civiles enviados a Cataluña para el despliegue de seguridad del 1-O seguirán en esta comunidad autónoma. En los barcos, en los cuarteles, en las comisarías y en los 41 hoteles en los que están alojados, aunque sean acosados por miles de independentistas.

Rajoy –tras reunirse de urgencia con Juan Ignacio Zoido, Soraya Sáenz de Santamaría y el titular de Turismo, Álvaro Nadal– dio instrucciones de abortar la inminente salida de centenares de funcionarios del CNP de los dos hoteles de la localidad barcelonesa de Pineda de Mar (Checkin Mont-Palau y Checkin Pineda), convertidos en una suerte de icono de la resistencia y que el propio titular de Interior ya había ordenado desalojar para evitar males mayores.

El mensaje con el que salió Zoido de su encuentro con Rajoy fue que no había retirada. Por fin órdenes concretas, tras horas de confusión en la cúpula de un ministerio casi noqueado por los errores operativos del 1-O y por el hostigamiento popular y cuestionado por todos los sindicatos y muchos mandos. Las instrucciones a los jefes policiales fueron no repetir bajo ningún concepto las imágenes del lunes de centenares de policías y guardias civiles cabizbajos e insultados abandonando tres hoteles de Calella, cuyos dueños cedieron a la presión vecinal y consistorial «mafiosa», en palabras de la vicepresidenta.

Apenas Moncloa tuvo copia de la carta –luego desmentida– del gerente de los establecimientos de Pineda alegando coacciones del ayuntamiento para echar a la calle a los policías, el Gobierno también decidió alargar hasta el 11 de octubre buena parte del despliegue de seguridad, aunque no todo. En principio Interior fijó el 5 como fecha de regreso, luego alargó hasta el 8 pero, con la amenaza de declaración unilateral de independencia para los próximos días, acordó una nueva prórroga, que bien podría no ser la última. La jornada de huelga general, tras una madrugada de asedios, fue especialmente complicada para los 12.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en Cataluña, tanto para los más de 6.500 agentes residentes en la comunidad como para 5.500 guardias civiles y policías del refuerzo del 1-O.

Miles de personas rodearon durante horas la sede de la Jefatura Superior de Policía en vía Laietana, en Barcelona, convertida en una suerte de ‘Fort Comanche’. Los incidentes fueron intermitentes en otras sedes policiales de la capital catalana como la comisaría de Balmes o la Comandancia de la Guardia Civil. Hostigamiento también durante el día en los cuarteles de la Seo de Urgel, Solsona o Mora de Ebro.

Zoido acusó personalmente a Carles Puigdemont de haber provocado esta escalada de hostigamiento contra los funcionarios del Ministerio del Interior, al reclamar que los policías y guardias civiles (también los 6.500 que viven y trabajan en Cataluña) se marchen de la comunidad. El ministro dijo que sus palabras han «alentado el acoso totalitario». «Asedios de odio relacionados directamente con las palabras de Puigdemont», apostilló.