La posible ley de amnistía reta a los tres ministros del Gobierno que son jueces

El caso de Llop, en tanto que ministra de Justicia, llama especialmente la atención. En julio llegó a asegurar que el deber de Puigdemont –a quien el TGUE retiró la inmunidad el día 5 de ese mes– «era presentarse ante la acción de la Justicia». «Dejémonos de paños calientes», dijo entonces la también expresidenta del Senado. Ahora, cuando apenas han transcurrido dos meses, todo indica que deberá afrontar el sapo de una amnistía 'ad hoc' para poner el contador a cero al exdirigente catalán, prófugo de la Justicia desde 2017, y al resto de encausados por el 1-O. El departamento que dirige, además, puede acabar siendo el encargado de modelar la proposición de ley con la que se podría dar luz verde a la amnistía.

La hemeroteca también juega una mala pasada a otro de los ministros que han sido jueces y han formado parte de ejecutivos de Sánchez. «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico (…). Ley y diálogo», llegó a advertir Fernando Grande-Marlaska en noviembre de 2019, apenas una semana antes de la repetición electoral que el actual presidente ganaría. Los últimos días, por el contrario, no han servido para que el juez en excedencia de la Audiencia Nacional refrendara esa postura. «Las medidas que se adoptan por el Gobierno siempre van encauzadas dentro del marco constitucional», respondió Marlaska al ser preguntado al respecto el pasado martes tras el último Consejo de Ministros.

Al titular de Interior le formularon preguntas en este sentido hasta en dos ocasiones más por su condición de juez, pero no respondió porque la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, le retiró la palabra pidiendo «dejar el debate jurídico para después». Una actitud que refleja cómo la consigna en Moncloa y Ferraz pasa por reproducir el argumentario actual del partido y guardar silencio para no desviar el foco del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo fracaso en la investidura parece cocinarse a fuego lento. Margarita Robles, por su parte, ha sido –entre los ministros jueces– la que más se ha extendido cuando le han preguntado sobre el borrado del 1-0. La titular de Defensa no ha mencionado de forma expresa la amnistía, aunque sí sostiene que «la Constitución permite interpretaciones a la realidad social».

Pero estos tres no son los únicos ministros jueces de profesión que han pertenecido al actual Gobierno y que en el pasado se han posicionado en contra de esta medida. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y actual magistrado del TC –que tendrá que pronunciarse sobre la ley si se lleva a cabo– equiparaba en 2021 la amnistía «al olvido». La realidad es que la hemeroteca deja en evidencia las declaraciones de varios ministros de los ejecutivos de Sánchez defendiendo lo que ahora se ha dejado de defender, como es el caso de Carmen Calvo (exvicepresidenta primera), Luis Planas (Agricultura), Miquel Iceta (Cultura y Deportes), Salvador Illa (exministro de Sanidad y líder actual del PSC) o Félix Bolaños (Presidencia).

Pero no es de ellos de donde provienen los recelos internos con las que Sánchez debe empezar a lidiar. El exministro Joaquín Almunia se unía ayer al coro de voces críticas con la posible ley de amnistía al asegurar que «no se dan las condiciones para ella». Jesús Eguiguren, exlíder del PSOE vasco, también mostraba su rechazo asegurando que antes de ofender a los constitucionalistas «es preferible repetir las elecciones». Y Javier Lambán, expresidente de Aragón, advertía de la senda «peligrosa» que podría suponer su aprobación. Reproches que se circunscriben, por ahora, a figuras históricas del socialismo, pero que pueden acabar por minar el discurso con el que en la Moncloa quieren reeditar el mandato de Sánchez cuatro años más.