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C. G.
Santander
Viernes, 13 de diciembre 2024, 17:09
El lehendakari, Imanol Pradales, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la revisión de «los datos y criterios» del pago de Euskadi al Fondo de Compensación Sanitaria, «absolutamente incomprensible y desproporcionado». Además, ha planteado medidas para paliar la escasez de médicos que ... no conllevarían «medios económicos adicionales», sino que implicarían «la transferencia de la capacidad de gestión directa» a Euskadi. En rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes en el Palacio de la Magdalena, en Santander, el presidente del Gobierno vasco se ha referido a las demandas planteadas durante el encuentro, entre ellas, la relativa a los servicios de salud. Pradales ha apuntado que, en Euskadi, su Gobierno ha puesto «las bases para trabajar en un gran acuerdo por la salud». «El Pacto de Salud en Euskadi», ha precisado.
También ha indicado que «se están tomando ya medidas para reforzar Osakidetza» e impulsar «el sistema sanitario del futuro». «Pero debemos ir más allá. Entendemos que ante circunstancias excepcionales, es necesario arbitrar soluciones excepcionales», ha dicho.
Por esta causa, ha trasladado a Pedro Sánchez una propuesta concreta basada «en el diálogo con los profesionales», con medidas como elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a los 72 años en atención primaria.
También ha planteado transferir a Euskadi la capacidad de acreditación de las unidades y centros docentes para médicos residentes, con el objetivo de «definir dónde realizarán sus residencias» los nuevos profesionales o autorizar un periodo transitorio de tres años que habilite a facultativos sin especialidad ejercer en periodos estivales.
Por otra parte, ha demandado «realizar de manera presencial el proceso de elección de las plazas MIR», suspendido a raíz de la pandemia del covid, agilizar la convocatoria de especialistas médicos en emergencias o «acelerar el proceso de homologación de títulos de especialistas profesionales formados en el extranjero».
En política de Vivienda, Imanol Pradales aboga por una gestión y un abordaje transversal e integral de la materia. Por ello, demanda al Gobierno español que active con urgencia un nuevo paquete de inversiones públicas a fondo perdido para la construcción de vivienda pública y protegida en régimen de alquiler, así como la regeneración y rehabilitación del parque ya construido (el parque vasco es el más envejecido de Europa).
Tal como explica, este paquete debería financiarse mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo (MRR). Además, reclama la modificación de la Ley del Suelo de ámbito estatal «para agilizar los procedimientos urbanísticos municipales y los trámites que implican, movilizar suelo público y aumentar la oferta de vivienda».
Además, pide que se transfieran a Euskadi los suelos aún hoy pertenecientes al Estado que tengan un planeamiento urbanístico adecuado y pactado con los Ayuntamientos para construir vivienda protegida.
Para atender la escasez de profesionales sanitarios, Imanol Pradales solicita que se eleve la edad de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria, y la transferencia a Euskadi de la capacidad de acreditación de las unidades y centros docentes para médicos residentes. Pradales emplaza, asimismo, a que se autorice un periodo transitorio de tres años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales, y la agilizacion del proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero.
Tambien cree necesario que se mejore el «sistema MIR» para evitar plazas desiertas o vacantes, modificando la actual Orden Reguladora; y ddicionalmente, realizar de manera presencial el proceso de elección de plazas y agilizar la convocatoria de especialistas médicos/as en Emergencias.
Sobre los Fondos Europeos, como Euskadi no participa de la financiación autonómica de régimen común ya que cuenta con un sistema propio de Concierto Económico, el Lehendakari no se pronuncia en esta materia. No obstante, sí considera importante abordar esta cuestión de los Fondos Europeos y aprovechar la próxima modificación del Plan de Recuperación anunciada por Gobierno español, para solicitar la descentralización de los Fondos Europeos para que Euskadi «pueda decidir y gestionar directamente y con agilidad la asignación de los mismos para afrontar las transformaciones social, digital, industrial y ecológica». En su opinión, deben agilizarse las asignaciones de fondos y flexibilidad en las fechas de ejecución mientras no se produzca la descentralización.
Otras reclamación es que el Estado negocie ante la Comisión Europea la ampliación de la fecha límite de vencimiento del 31 de diciembre de 2026, en especial para los préstamos del FRA (Fondos de Resiliencia Autonómica), y que no se computen estos fondos que derivan del Plan de Recuperación como deuda ni déficit de las Comunidades Autónomas. Tal como defiende, esto permitirá disponer de una mayor flexibilidad financiera para implementar proyectos. «No podemos permitirnos el lujo de infrautilizar esta palanca financiera para transformar nuestra economía y nuestro país, Euskadi», ha destacado.
En gestión migratoria, recuerda que en las últimas semanas Euskadi y Canarias han estado trabajando en un acuerdo de colaboración en el que plantean una propuesta para «garantizar un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo» de los menores extranjeros sin referentes familiares entre las comunidades autónomas y una memoria económica que soporte esta distribución.
En lo que afecta de manera específica a Euskadi, subraya respecto las personas migrantes en edad adulta, que el pasado 1 de noviembre el Estado francés cerró la frontera entre España y Francia, circunstancia que «ejerce una gran presión migratoria».
Por ello, solicita que Euskadi se considere «Frontera Norte» y una mayor dotación económica para atender «con dignidad a las personas en tránsito». «Necesitamos con urgencia un Plan Estratégico de Migración que incluya: Planificación, Previsión de escenarios, Indicadores de evaluación y Memoria económica real», añade .
También insiste en que se transfiera la competencia de la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras, y la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería, «que permita dotar a las Comunidades de mayores competencias en materia de inserción sociolaboral».
Asimismo, propone que se desarrollen programas de Formación Profesional en origen y en destino para mejorar las capacidades y opciones de acceso al empleo, además del establecimiento de mecanismos para el intercambio de información, experiencias, proyectos piloto en curso y buenas prácticas. También plantea que se agilicen las citas en comisarías para obtener certificados administrativos y realizar procesos laborales legales.
En lo concerniente a las personas menores sin referentes familiares, resalta que Ceuta, Canarias, Melilla y Euskadi son los Territorios más los acogen en proporción a su población. De esta forma, especifica que la Comunidad Autónoma Vasca había 890 menores cogidos en noviembre de 2024. Por ello, Euskadi y Canarias abogan por un modelo de distribución mediante una novedosa fórmula basada en 5 indicadores: Población total; acogida (media de menores acogidos por cien mil habitantes los últimos seis meses); PIB per cápita, desempleo, y solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años).
Asimismo, piden que se refuerce la cooperación con los países de origen, explorando las posibilidades del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería para promover tránsitos ordenados, mediante la migración circular. A su juicio, también es necesaria una interlocución con las autoridades españolas y francesas para implementar medidas de gestión de autorizaciones de paso de fronteras, y que se plantee a la Fiscalía que agilice la identificación de las personas sin referentes familiares para poder conocer si son o no menores de edad.
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