El 'solo sí es sí' beneficia ya a 646 condenados por delitos sexuales con 65 excarcelaciones

Esta estadística ha sido elaborada a partir de los datos facilitados por el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales. Es el mismo trabajo realizado desde noviembre por los medios de comunicación, que han informado de las reducciones de penas consultando estas mismas fuentes pero sin el respaldo de un conteo oficial que sumase todas las revisiones a la baja.

El Consejo no se ha pronunciado aún de manera oficial, aunque está previsto que más adelante aporte detalles sobre estas reducciones y los datos de las condenas pendientes de revisión, de las que no se sabe más por la huelga que mantienen los letrados de la administración de Justicia (LAJ). También se sabrán las condenas que han sido confirmadas, que superan el número de revisiones a la baja, y se proporcionarán datos de sentencias dictadas bajo la vigencia de la nueva ley.

El CGPJ acordó en pleno solicitar a los tribunales superiores de justicia y a las audiencias provinciales las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de la norma impulsada por Irene Montero, ministra de Igualdad. A propuesta de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, «se dirigirá a los presidentes de los TSJ y de las audiencias provinciales para que remitan al órgano de gobierno de los jueces todas las resoluciones dictadas en relación con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual», conocida como 'solo sí es sí'.

La petición tiene como fin «hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente». Según datos de instituciones penitenciarias, a diciembre de 2022 había 4.023 presos en las cárceles españolas por delitos contra la libertad sexual. Esto supone que al menos el 16 por ciento de los presos por delitos sexuales se han visto beneficiados ya por las reducciones de pena en base a la nueva ley.

Montero lamentó este martes que del balance facilitado por el CGPJ no se desperende «el número total de condenas que han sido revisadas pero donde las penas no han sido bajadas» y tampoco «cuántas de esas rebajas son firmes», y recordó que acaba de conocerse un caso en el que el Tribunal Superior de Castilla y León ha anulado una rebaja que había impuesto una audiencia provincial. La ministra de Igualdad insiste en esperar a tener «una foto completa de esas decisiones de rebajas de penas que seguimos manteniendo que son una minoría» y sostiene que «la mayoría de revisiones se están produciendo manteniendo las penas porque caben en la horquilla y se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio».