Sánchez adelanta el Congreso Federal para acallar las críticas internas y salir reforzado

El último Congreso Federal se celebró en 2021 en Valencia, en un momento en el que reinaba un tono triunfal entre los socialistas. Por entonces, el PSOE no solo ostentaba la Presidencia del Gobierno central sino que además dirigía la mayoría de ejecutivos autonómicos, entre ellos los de la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Islas Canarias o Islas Baleares. A pesar de las críticas públicas de barones como el castellano manchego Emiliano García-Page o el aragonés Javier Lambán, el cónclave de 2021 fue un encuentro que en Ferraz será recordado como una balsa de aceite en comparación a lo que se le avecina este próximo otoño.

De 2021 a 2024 han cambiado mucho los equilibrios entre las diferentes familias que coexisten dentro del partido socialista. En los últimos tres años se han sucedido unas elecciones autonómicas y municipales en las que el PSOE se vio arrollado por el PP, una repetición electoral tras la cual -pese al triunfo de Alberto Núñez Feijóo- Sánchez fue investido presidente gracias al apoyo de los diputados de Junts y con el beneplácito de Carles Puigdemont, la aprobación de una la ley de amnistía de la que el jefe del Ejecutivo renegó en campaña y, por último, el acuerdo para la fiscalidad singular para Cataluña.

En el Congreso Federal de noviembre estará como principal asunto a debatir el pacto con Esquerra que desde Ferraz se cerró a cambio de la investidura de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat. Todos los barones socialistas, salvo la presidenta navarra María Chivite y el vasco Eneko Andueza, se han mostrado en contra de la nueva fiscalidad de Cataluña. Unos han elevado menos el tono que otros, pero el malestar general es manifiesto.

La Federación de Aragón que lidera Javier Lambán, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez junto a García-Page, repudió el jueves dotar a Cataluña de una fiscalidad singular, según el cual la Generalitat recaudará el 100% de los impuestos y luego devolverá una parte de ese dinero a las arcas del Estado. Una fórmula similar a la que la Constitución reconoce para País Vasco y Navarra. La decisión de la dirección aragonesa se adoptó por unanimidad, si bien siete de sus miembros pertenecientes a la agrupación de Huesca y afines a Ferraz renunciaron a emitir el voto tras denunciar que el debate sobre Cataluña no figuraba en el orden del día.

Aragón se convierte así en la primera federación del PSOE en dar este paso oficialmente que, por otra parte, se daba ya por descontado toda vez que el grupo socialista registró una proposición no de ley (PNL) en las Cortes autonómicas para oponerse al acuerdo fiscal. Esta PNL, que coincide en buena parte con los postulados del Partido Popular, exige que la reforma del sistema de financiación se lleve a cabo a la par para todas las autonomías y «sin privilegios» de ningún tipo.

Todo apunta a que la proposición saldrá adelante con el apoyo del PP, que lleva semanas exigiendo a Lambán y otros barones del PSOE que se rebelen contra Sánchez no solo con palabras, sino también con hechos. También podría recibir el apoyo de la Chunta -socio de Sumar- desde donde se considera un agravio la singularidad catalana.

«El PSOE lleva décadas defendiendo la igualdad y la justicia en un sistema de financiación autonómica en el que se refleje el coste real de los servicios y sin privilegios de ningún tipo», justifica la dirección regional. Este rechazo pone en entredicho el apoyo de los cuatro diputados socialistas aragoneses en el Congreso cuando deba votarse la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para lo que es necesaria una mayoría absoluta en la Cámara baja. Aún cuando los representantes del PSOE de Aragón respeten la disciplina del voto, el cambio legislativo presenta escasas posibilidades de prosperar ante el rechazo de varios diputados de las fuerzas que apoyaron la mayoría de la investidura y siempre a la espera de los intereses de Junts.

El primero en rebelarse contra el acuerdo entre el PSOE y Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat fue García-Page. «Hasta aquí hemos llegado», zanjó el presidente de Castilla-La Mancha el pasado 31 de julio. Después, se posicionaron el presidente asturiano, Adrián Barbón, y los secretarios generales de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Barbón, en cualquier caso, descartó que los diputados asturianos vayan a romper la disciplina de voto en el Congreso.

A las reacciones en contra del pacto fiscal se sumó ayer Susana Díaz, la gran enemiga política de Sánchez por el liderazgo del PSOE en las primarias de 2017. La expresidenta andaluza considera que «dentro de la igualdad entre todos los españoles no cabe un concierto en Cataluña».

La situación interna del partido socialista se augura de lo más tensa para Sánchez de cara a un inicio de curso en el que la fiscalidad singular para Cataluña será el tema principal del debate político, y que tendrá el pistoletazo de salida el próximo miércoles con la comparecencia en el Senado de María Jesús Montero por exigencia en el Senado.

Sánchez, aún así, se ha guardado hasta ahora un as en la manga que ha decidido ahora arrojar sobre el tapete. El adelanto del Congreso Federal desencadenará un proceso de renovación de los liderazgos territoriales para el que el líder del PSOE jugará todas sus bazas de cara a ungir como barones a sus fieles y apuntalar de esa forma su liderazgo nacional sobre el partido socialistas.