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El PSOE había asegurado que esta vez no daría su brazo a torcer, pese a las amenazas de Carles Puigdemont de romper definitivamente el diálogo con el Gobierno y llevar la legislatura al «colapso», pero finalmente ha pisado el freno. La Mesa del Congreso , donde ... los socialistas y Sumar tienen mayoría, optó en su reunión de hoy por dejar en estudio la proposición no de ley con la que Junts presiona a Pedro Sánchez desde diciembre para que se someta a una cuestión de confianza.
Los socialistas dan así una nueva patada al balón con la esperanza de que el expresidente de la Generalitat, que este viernes ha convocado a la cúpula de su partido a una reunión clave en Bruselas, entienda el gesto como expresión de su voluntad de seguir negociando los compromisos pendientes y de llegar a acuerdos. Algo para lo que, dicen fuentes de la formación, todavía hay tiempo.
El órgano rector de la Cámara baja ya optó por aplazar la decisión sobre la tramitación del anómalo texto de la formación independentista a mediados del mes pasado. Entonces, Puigdemont consideró que había ganado una batalla. Ahora queda la incógnita de si hace la misma interpretación del último volantazo del Ejecutivo, que hasta pocas horas antes de la convocatoria de la Mesa se mantuvo en un rechazo férreo a la iniciativa.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a argumentar a primera hora de esta mañana en una entrevista en Canal Sur que es de «sentido común» que el Congreso se niegue a tramitar la proposición no de ley con la que Junts pretende acorralar al Ejecutivo porque plantear una cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Pero no fue la única. También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, instó al expresidente catalaán a «respetar las reglas» y no hacer «política artificial» y la Igualdad, Ana Redondo, tildó de «perversión» la iniciativa parlamentaria.
El Gobierno, pues, no ha cambiado de opinión sobre el fondo del asunto. Pero el vértigo a un choque frontal con un aliado parlamentario que, a diferencia de otros socios de investidura, ya ha demostrado en múltiples ocasiones que no tiene escrúpulos a la hora de votar junto al PP y Vox (cosa distinta es que no esté dispuesto a apoyarles una moción de censura a Sánchez) ha sido más fuerte. La posible represalia no era menor. Puigdemont había advertido de que no se permitía el debate de su texto la legislatura entrará en «colapso».
Los socialistas se aferran ahora a que, en puridad y tal y como funciona el Congreso, Junts no tiene cupo para llevar sun 'pnl' al pleno hasta el próximo 25 de febrero, así que la Mesa tiene plazo para decidir, sabiendo que los servicios jurídicos no encuentran pega, según quedó claro en el informe elaborado en diciembre sobre el asunto, a que se opte por un sí o por un no. Ahora bien, lo que se determine sentará un precedente y en el PSOE son muchos los que creen que permitir a los grupos un ardid para plantear una moción de censura encubierta sin los requisitos que la Constitución exige para esa figura no es buena idea.
El mejor escenario para el Gobierno, y en el que lleva trabajado a lo largo del último mes sin mucho éxito, y de forma frenética en las últimas horas, sería que Junts acepte retirar la medida a cambio de algo. Junts acusa a los socialistas de incumplir sus acuerdos. El catalán sigue sin ser idioma oficial en la UE, la delegación «integral» de las competencias sobre inmigración sigue sin ser una realidad y Puigdemont sigue sin poder regresar a Cataluña porque su amnistía está pendiente de recursos ante el Tribunal Constitucional. En dicembre acusó a Sánchez de tratarle igual que el Tribunal Supremo, como un delincuente, y el jefe del Ejecutivo aseguró que está dispuesto verse con él, pero hasta ahora fuentes gubernamentales alegaban que ese encuentro tendrá sentido si es para sellar algo como un acuerdo sobre los Presupuestos, que garantice, al menos sobre el papel, la gobernabilidad.
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