PSOE y Unidas Podemos superan dos años de tensiones sin visos de ruptura

La relación de los socios se enfrenta ahora, en 2022, a una nueva prueba de fuego con la apertura de un ciclo electoral que se inaugurará el 13 de febrero con los comicios convocados por el popular Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y continuará con las elecciones andaluzas en junio u octubre. Los socialistas ya han comenzado a dar muestras de nerviosismo ante la creciente popularidad de Yolanda Díaz, la dirigente política mejor valorada, según el CIS, que en enero tiene intención de abrir su «proceso de escucha» para articular un «proyecto de país» con el que presentarse a las generales de 2023.

En su balance de fin de año, unos días después de que el PSOE_ evitara personalizar en la vicepresidenta segunda el éxito del pacto alcanzado con los agentes sociales para la reforma laboral y se lo adjudicara, fundamentalmente, a Nadia Calviño, el propio presidente del Gobierno se negó a cantar las excelencias de la ministra de Trabajo y diluyó su labor en la de todo el Consejo de Ministros. «El Gobierno es un órgano colegiado y desde luego yo estoy muy satisfecho y agradecido del trabajo que se está haciendo», dijo.

Las direcciones de ambos partidos insisten, aun así, en que agotarán juntos la legislatura. Y de momento, nada hace pensar que no vaya a ser así. Desde que Díaz sustituyó a Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno y este abandonó la política, los continuos rifirrafes se han reducido de manera considerable. Asuntos que hace diez meses habrían hecho saltar chispas, como el retraso en la tramitación de leyes de las que Unidas Podemos hace bandera se gestionan ahora sin apenas ruido.

La ley de la vivienda, que debía haber sido enviada al Congreso antes de fin de año no ha llegado porque el Ministerio de Transportes, de la socialista Raquel Sánchez, se ha retrasado en la petición del informe preceptivo al Consejo General del Poder Judicial; la 'ley trans', que en junio pasó su primera vuelta como anteproyecto tras una ardua polémica, aún no ha vuelto a la mesa del Consejo de Ministros como proyecto, y el anteproyecto de ley de bienestar animal lleva esperando la luz verde del Gobierno para ser tramitado desde primeros de octubre. Lo único que se ha oído al socio minoritario de la coalición es una serena petición. «Se tienen que acelerar y si hay bloqueos en el seno del Gobierno tienen que desaparecer», dijo el pasado lunes su portavoz, Pablo Echenique.

El último encontronazo de relieve en los pasados seis meses ha sido el suscitado en torno a la reforma laboral por la decisión de Sánchez de situar bajo la batuta de Calviño unas negociaciones que desde marzo llevaba pilotando la vicepresidenta segunda, un propósito del que acabó desistiendo. Y aunque el año empezó con la amenaza de una guerra sin cuartel en asuntos como la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá, no ha sido así. Unidas Podemos se ha plegado con cierta mansedumbre a la estrategia pacífica de su principal referente política (que no solo no milita en el partido sino que ha llegado a ningunearlo) como antes puso en práctica la teoría del conflicto de su anterior líder.

La crisis de Gobierno llevada a cabo por el jefe del Ejecutivo en julio sacó del Gobierno a algunos de quienes habían protagonizado los más sonoros choques con los morados , como la vicepresidenta Carmen Calvo o el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero mantuvo a otros, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, o de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y, sin embargo, el tono empleado por la antes secretaria de Estado para la Agenda 2030 y ahora ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para dirigirse a ellos o sus políticas ha cambiado por completo.

No es que no haya habido tensiones. El pasado agosto Marlaska y Belarra protagonizaron un enfrentamiento a cuenta de la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos y la propia Yolanda Díaz reclamó a Sánchez que interviniera y suspendiera esas repatriaciones. También la subida del Salario Mínimo Profesional, a la que finalmente cedió el ala socialista del Gobierno en septiembre, provocó sus más y sus menos . Y Unidas Podemos dio además la batalla para situar en el 15% el tipo de Sociedades. Pero la relación ha sido, en general, mucho más pacífica que durante el primer año de la coalición.

Ahora, el mismo partido que en 2014 irrumpió en las instituciones prometiendo asaltar los cielos con una impugnación al régimen del 78 aparece incluso cómodo en una adaptación a la 'realpolitik' de la que la reforma laboral, que deja incólume el grueso de la llevada a cabo por el PP en solitario en 2012, sirve de epítome de su transformación. Quizá la reciente afirmación de Yolanda Díaz en Radiocable explique, en buena medida, un cambio de estrategia que, paradójicamente, se corresponde con los planteamientos del que fuera número dos de Podemos, perdedor de Vistalegre II y hoy líder de Más País, Iñigo Errejón. «No quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo al PSOE esa esquinita. Eso es algo muy pequeño y muy marginal. Creo que las políticas que despliego son muy marginales», dijo.

Es esa ambición la que provoca inquietud en el partido mayoritario del Ejecutivo. El CIS de noviembre desveló que casi el 19% de quienes votaron al PSOE hace dos años preferiría que la ministra de Trabajo fuera la presidenta. Y el 7%, que equivaldría a casi medio millón de votantes, que la votaría si se celebraran unos comicios. Los socialistas sostienen que necesitan que su coaligado resista, pero que crezca a su costa sería un problema. Y aunque los principales colaboradores de Sánchez aseguran que no ven en Díaz a una rival, los gestos de los últimos días les delatan. En lo inmediato, aun así, pueden estar tranquilos porque la convocatoria de Castilla y León ha llegado demasiado pronto para poder testar el «frente amplio» al que aspiraba Unidas Podemos.