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El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, lanzó un aviso al Gobierno pocos días después de sellar un pacto con los ... socialistas para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Puigdemont, a través de las redes sociales, advirtió al presidente Pedro Sánchez de que «no negociará los Presupuestos Generales del Estado» hasta que el Estado «pague lo que debe a Cataluña». Fue una forma de decirle a Sánchez que ni de lejos tiene la legislatura encarrilada, tras los diferentes acuerdos alcanzados en las últimas semanas con Junts y con ERC. Y que si aún mantiene el objetivo de presentar las Cuentas para este año, tendrá que sacar la chequera con la comunidad catalana.
Días atrás, el dirigente nacionalista ya desvinculó el pacto sobre el traspaso en inmigración del apoyo de los junteros a los Presupuestos. «Carpeta a carpeta», reiteró. Junts exige que el Estado cumpla las partidas previstas para Cataluña en las Cuentas anteriores antes de sentarse a negociar las cifras para este ejercicio. «Las desinversiones afectan a la vida de la gente», afirmó. El dirigente nacionalista criticó que su partido se queda solo cuando denuncia que la Administración central «no ejecuta nunca las inversiones aprobadas» en Cataluña, mientras que en el caso de la Comunidad de Madrid esa ejecución está, a su juicio, por encima de lo presupuestado. «El Govern calla, obsesionado en vender que todo esto es normalidad. Será normalidad española», opuso en un dardo al Govern de Salvador Illa. «Para los catalanes es una auténtica vergüenza», remachó.
Sobre la mesa están, además, las exigencias de Junts sobre el techo de gasto´-paso previo al Presupuesto-, una reunión entre Sánchez y Puigdemont que escenifique la «amnistía política» y avances en el concierto económico. Una negociación esta que va en paralelo a la que mantienen los socialistas con ERC.
En cualquier caso, el Gobierno se puede aferrar a que ha reconducido las relaciones con los independentistas. Puigdemont ha pasado de exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza a fijar ya una posición previa a la negociación presupuestaria, lo que no descarta de entrada que pudier a acabar ratificándolos. La aprobación de las cuentas del Ejecutivo no solo será complicada para el Gobierno por el flanco de Junts y ERC (Oriol Junqueras sigue negándose a negociar), sino por el de la izquierda, por el aumento del gasto militar o la delegación de competencias de inmigración al Govern.
Puigdemont cargó contra lo que a su entender es un déficit crónico de la inversión del Estado en las infraestructuras catalanas, tras una nueva jornada de caos en Cercanías, cuyo traspaso al Govern está aún en su fase preliminar. El servicio registró un día muy complicado, con líneas cortadas por una incidencia eléctrica y con pasajeros desesperados caminando por las vías, atrapados en algunos vagones y quejándose del maltrato recibido.
«Ésta es la normalidad del Gobierno de todos. Ya basta», señaló Puigdemont, que reclamó la comparecencia en el Parlament de Illa, quien, avisó, «no podrá esconderse más tiempo tras la estrategia de la anestesia». «Debe dar la cara para defender a los catalanes, no a sus compañeros de partido en Madrid», remató.
Al presidente de la Generalitat le cogió la crisis de Rodalies en Perpiñán (Francia). Desde allí pidió perdón a los usuarios del tren y prometió poner «todos los esfuerzos» de su Gobierno para «reconducir y revertir la situación». El Govern cree que hasta dentro de dos años no se notarán las primeras mejoras en la red. Pero las fuerzas de la oposición le exigieron responsabilidades. En el día más complicado en sus siete meses desde la toma de posesión, el Govern alzó por primera vez la voz contra las «desatenciones» del Estado hacia Cataluña, una crítica que también iba dirigida contra el Gobierno de Sánchez.
Illa viajó al sur de Francia, a la llamada por el nacionalismo la Cataluña norte, para «reforzar los vínculos culturales, económicos y de cooperación». Desde la casa de la Generalitat en la localidad gala, anunció un incremento de 150.000 euros, hasta los 800.000, a una asociación cultural que promueve el catalán entre las escuelas de la zona.
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