El pulso Montero-Díaz corroe al Gobierno

Lo ocurrido a continuación, la retransmisión del enfado de la jefa de filas de Sumar en la coalición ante la notoria incomodidad de la ministra portavoz, Pilar Alegría, no precisa mayor explicación porque todo aquel que quiso pudo contemplar la gresca con sus propios ojos. Lo que sí la precisa –y socialistas y magentas, desde posiciones dispares, aún se hacen cruces de cómo la noticia que pretendían explotar, el alza del 4,4% del SMI, se va al garete orillada por la bronca– es qué medió para que Hacienda desvelara en el tránsito entre la mesa del Consejo y la de la sala de prensa que a partir de este ejercicio el salario mínimo sí cotizará en el IRPF. Montero se escuda en que el informe de los expertos ya contemplaban la 'mochila' fiscal en esa subida del 4,4%, la punta más elevada de la horquilla propuesta –16.576 euros brutos anuales, repartidos en 14 de pagas de 1.184; y que Díaz era conocedora de ello. «No sabemos lo que se imaginaba», objetan en el ala socialista del Gobierno. La aludida niega que la decisión estuviera cerrada. Y su equipo arguye que, en efecto, el 'comité de sabios' trabaja todos los años con la hipótesis de la posible tributación para que, luego, Hacienda elabore la ley que libera al SMI de la misma. Hasta hoy.

Los ánimos con que unos y otros llegan a la comparecencia del martes no son los mejores aun cuando el repunte del salario mínimo, que beneficia de forma directa a 2,4 millones de trabajadores, dé aire a la coalición. La Moncloa, según fuentes conocedoras del episodio, se muestra reacia a que Díaz asuma el protagonismo por segunda semana consecutiva, después de que la anterior el Ejecutivo refrendara el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales; el plan estrella para la legislatura de la vicepresidenta segunda, que necesita que Sumar recobre fuelle electoral y a la que se escaparon las lágrimas el 20 de diciembre cuando cerró el pacto con CC OO y UGT. Esta escenificación tiene su peso, entre bambalinas, en la implosión de ahora.

Pero volvamos a este martes. Las dos alas del Gobierno terminan por convenir que la vicepresidenta segunda comparezca junto a Alegría para dar cuenta de la subida del SMI evitando fisuras.    Pero ni la ministra de Hacienda ha cedido con la nueva tributación ni la de Trabajo está dispuesta a transigir. En Sumar inciden en que es el golpe de mano de Hacienda a la salida del Consejo lo que desata las hostilidades. El estupor también cunde en las filas socialistas, aunque en este caso por el calamitoso manejo público de una información que requería «pedagogía». A la que se entrega Montero pero este viernes, después de 72 horas fuera de escena por una «gripe con fiebre» y cuando la disputa ya ha derivado en el registro en el Congreso de tres proposiciones de ley contra su medida –firmadas por el PP, Podemos y la propia Sumar– que asoman a Sánchez a una derrota insólita por la insospechada confluencia en bloque entre socios y oposición.

Con la avanzadilla de los ministros Bolaños, López y Puente, los argumentos que Montero defiende con la misma contundencia con que Díaz dice estar dispuesta a «dar la batalla» hasta el final se resumen en que el SMI ha aumentado un 61% bajo el Gobierno de Sánchez y que ha dejado de ser un sueldo de subsistencia pudiendo así tributar, como ocurre en Francia y Alemania, en aras del sostenimiento del Estado de bienestar. La vicepresidenta primera no obvia la pérdida de recaudación, que Trabajo cifra en 277 millones si solo se obliga a cotizar al 20% –medio millón de personas, en su mayoría solteras y sin hijos– de los beneficiarios directos con la subida del SMI, pero que Hacienda eleva a entre 1.700 y 2.000 si volviera a ampliarse el límite exento porque eso sí concierne al conjunto de los trabajadores.

«Es un debate que tenemos ganado», rebaten los de Díaz, mientras unos y otros se cruzan acusaciones de «populismo fiscal». La vicepresidenta segunda ha jugado fuerte sus bazas en los últimos dos meses. Ya el 20 de diciembre presiona con su rúbrica con los sindicatos del pacto para encarrilar la reducción de jornada frente a las reticencias del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, partidario entonces como hoy de una mayor flexibilidad, sobre todo con las pymes. Pero el desafío interpela singularmente a Montero, que intenta refrenar las pretensiones de Díaz y a la que se llega a ver discutiendo con Unai Sordo y Pepe Álvarez en el gran acto sobre vivienda convocado por Sánchez el 13 de enero.

El presidente acaba dando carrete, una vez más, a Díaz, a sabiendas de que el anteproyecto pende de la tramitación parlamentaria. En su ausencia por un compromiso oficial, Montero preside el Consejo de Ministros del 4 de febrero, el que refrenda la iniciativa. Las versiones son contradictorias sobre quién y cómo se reactiva el choque sobre los ritmos de la rebaja en el tiempo del trabajo, pero hay coincidencia en que la reunión se desarrolla en términos «muy desagradables». Una semana después, la tensión, esta vez por el SMI, revienta en directo abriendo el cisma más severo en la coalición.