Casado formaliza la querella contra Torra y exige que se cancele la cita en Barcelona

La idea inicial era registrar el escrito el martes. La dirección del PP, sin embargo, resolvió aplazarlo hasta la víspera del encuentro, y la formalización de la querella sirvió a los populares para amplificar su tesis de que Sánchez se reúne con alguien que, según ellos, «ya no es» jefe del Ejecutivo catalán. «Se puede creer Napoleón», llegó a señalar esta semana la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

El PP, que no ve por lo tanto fundamento en la continuidad del dirigente independentista, entiende que Sánchez lanza un «mensaje perverso» sobre la asunción de la legalidad al aceptar verse con él. Este jueves será Casado quien dé la réplica a la cita de Barcelona con un discurso ante su grupo en el Congreso. En las últimas semanas se ha reservado la posibilidad de emprender acciones legales también contra el jefe del Ejecutivo, y, aunque no ha terminado de concretar en qué consistirían, sí ha defendido que el Gobierno debe garantizar el cese de Torra.

En el texto registrado en el TSJC, los populares no sólo alegan el contenido del artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía, que determina que el presidente de la Generalitat tiene que ser elegido «de entre los miembros» del Parlamento de Cataluña. Según su interpretación, de este apartado se deduce que la condición de diputado es indispensable no sólo para acceder, sino para permanecer en el cargo. Pero, además, incluyen en la querella parte de los argumentos con los que la Mesa de la Cámara catalana intentó frenar el 16 de enero ante el Tribunal Supremo el proceso para despojar a Torra del acta de diputado.

En aquella ocasión, los servicios jurídicos del Parlamento alertaron del riesgo de que Torra perdiese la Presidencia de la Generalitat si se acataba la decisión de la Junta Electoral Central y se retiraba su credencial. Ese razonamiento lleva al PP a señalar ahora que la Cámara autonómica llegó «a la misma conclusión» que defienden ellos desde hace tiempo, aunque obvia la nota aclaratoria que emitieron los letrados esta misma semana.

Según la versión de los servicios jurídicos parlamentarios, en el recurso ante el Supremo sólo trataban de exponer, por «estrategia» jurídica, «la existencia del problema», la posibilidad de una «duda interpretativa». Pero insisten en que su criterio no ha variado: consideran que Torra puede seguir al frente de la Generalitat.

En el PP rechazan que pueda generarse un debate sobre este extremo. Creen «indudable» la «relevancia penal» que se desprende de la actividad que mantiene Torra y que esta semana pasa por la reunión con Sánchez. Además, dan por hecho que las decisiones, las tareas de representación o las declaraciones del dirigente independentista son «nulas» e «ineficaces desde el punto de vista administrativo». De ahí que sugieran revisar los acuerdos del Consejo de Gobierno desde el 29 de enero.

Los populares se esfuerzan, por otro lado, por conciliar su lectura de que Torra ya no es jefe del Ejecutivo catalán con el hecho de haber presentado la querella ante el Tribunal Superior, que es el que corresponde a los presidentes autonómicos. «Se empecina –recoge el documento– en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto, actuando 'de facto' como presidente».