La ramificación canaria del 'caso Koldo': mascarillas, obra pública y PCR

En un momento de extrema necesidad por el estallido de la pandemia, el Gobierno de Torres dijo sí a las primeras de cambio para contratar con la citada empresa, que había adquirido el certificado de garantía tras su acuerdo previo con Puertos de Estado, el organismo adscrito al Ministerio de Transportes del que Koldo García fue vocal de su consejo rector.

Pese a que otros ejecutivos socialistas en Aragón, Asturias o Castilla-La Mancha cerraron la puerta a Soluciones de Gestión, Canarias y Baleares siguieron adelante con la adjudicación por el procedimiento de urgencia, es decir, sin concurso público. Una circunstancia que ha señalado ahora a los servicios de salud de ambas comunidades, que se han visto inmersos en la investigación judicial y, para más coincidencia, tuvieron un mismo problema con el suministro de mascarillas: parte del material enviado no se ajustó a lo pactado. Esto es, se pagó por tapabocas FPP2 de uso quirúrgico y lo que llegó tenía un menor nivel de protección para el usuario.

El Servicio Canario de Salud trató de renegociar con la empresa. Podía haber alegado un incumplimiento del contrato, como sí hizo con otras mercantiles suministradoras. En lugar de eso, atendió la oferta de Soluciones de Gestión: realizar una segunda entrega de FPP2 y no perder un solo céntimo, pese a que el tiempo transcurrido entre el contrato inicial (2,5 euros la unidad) y la entrega final había rebajado sensiblemente el coste unitario de los tapabocas.

Los expedientes de Soluciones de Gestión pasaron por la menos tres directores del Servicio Canario de Salud: Antonio Olivera, hoy jefe de gabinete del ministro Torres; Alberto Pazos, que aguantó en el cargo solo entre junio y septiembre de 2020, y Conrado Domínguez, que llegó al puesto en septiembre de aquel año y que lo dejó en noviembre de 2022 tras estallar otro escándalo de mascarillas tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso canario, además, hubo una derivada administrativa. La Audiencia de Cuentas autonómica -un órgano dependiente del Parlamento canario y que fiscaliza la gestión económica del sector público- censuró en mayo de 2022 que el Gobierno hubiese contratado durante la pandemia con dos empresas que «carecían de capacidad de obrar con la administración». Una de ellas fue Soluciones de Gestión, la firma implicada en el 'caso Koldo'. Sin embargo, el pleno del organismo rechazó ese borrador de informe y lo elevó a continuación al Tribunal de Cuentas, que en diciembre pasado archivó igualmente las pesquisas al no detectar irregularidades.

Este lunes, además, un informe de la Intervención General autonómica detalló la existencia de «salvedades legales» en algunos aspectos de estos contratos. Es decir, «debilidades administrativas» por la presunta vulneración de algunos artículos de la ley para los contratos de emergencia, ya que se habría equiparado a las adjudicaciones menores, o la falta de «evidencia documental» en las recepción del suministro.

De forma paralela a la investigación judicial de los cuatro contratos, el sumario del caso ha desvelado dos nuevas líneas de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas judiciales. Los agentes alertaron al juez instructor Ismael Moreno de la coincidencia entre un viaje del exasesor del ministro José Luis Ábalos y el empresario José Ruz a Las Palmas y la licitación y posterior adjudicación de una contrata por importe de 6,5 millones a una mercantil del constructor valenciano: Levantina, Ingeniería y Construcciones.

El viaje se produjo el 9 de febrero de 2022 y ambos se alojaron en el hotel Exe de la capital grancanaria. La UCO señala en un informe que «aunque bien es cierto que se desconocen los motivos del viaje al archipiélago canario«, solo tres días después la Agencia Tributaria publicó el anuncio de licitación »para la reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la delegación en Las Palmas«. A día de hoy, la Agencia Tributaria Canaria no opera en dicho edificio, que fue comprado por el Gobierno regional y José Ruz no ha sido incluido en el listado de investigados por el juez.

Y es que los investigadores siguen el rastro de contratas públicas en sectores no vinculados a Sanidad y en las que Koldo García habría intermediado incluso después de la destitución de Ábalos como ministro de Transportes en julio de 2021. Durante su mandato, las empresas de Ruz se habrían hecho con contratos por importe de 125 millones de euros, la mayoría en obras viarias.

La segunda línea de investigación tiene que ver con la compra de test PCR por parte del ejecutivo canario. Según el sumario, Ignacio Díaz Tapia, de la empresa Eurofins Megalab, contactó en 2020 con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia y durante tres meses director del Servicio Canario de Salud, gracias a la mediación de Koldo García. En 2021 el laboratorio acabaría facturando 5,3 millones de la administración autonómica, según adelantó Canarias 7. El intercambio de correos entre los investigados fue reflejado por la UCO. Su informe incluye además una mención de los interlocutores sobre un posible mensaje del ahora ministro Torres. Sin embargo, no hay constancia del mismo en el documento policial.